Entre los objetivos que persigue el nuevo Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) está el de “facilitar” su propia
gestión, mediante el establecimiento de “los adecuados
mecanismos normativos que propicien su ejecución”. A este
mecanismo de funcionamiento interno se une el que ha sido
necesario desarrollar para que se pudiera llevar a cabo la
revisión y adaptación del Plan, puesto que la Ciudad no
dispone del cien por cien de las competencias urbanísticas y
es de hecho el Estado el que tiene la última palabra en la
aprobación del PGOU, al igual que ocurre en el caso de la
ciudad autónoma de Melilla.
Por ello, y tal como se ha destacado por las dos
administraciones, se abrió un cauce de colaboración
institucional que ha dado lugar a la formulación de un nuevo
procedimiento “sobre la marcha”, que habrá de ser
“estabilizado” para futuras modificaciones, tal como explicó
la secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor.
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