Tras tomar declaración, el pasado jueves, a una ceutí y su
hijo por un caso de absentismo escolar denunciado por un
centro educativo de la ciudad, el representante del
Ministerio Fiscal ha decidido no archivar la causa en base
al seguimiento de la misma ya que, si en el plazo máximo de
3 meses el joven no regresa a las clases, la propia Fiscalía
imputará un delito penal a sus progenitores.
Un voto de confianza, por así decirlo, es lo que ha dado el
representante del Ministerio Fiscal en la ciudad a los
implicados en un caso de absentismo escolar cuya
investigación fue iniciada el pasado mes de febrero tras la
denuncia interpuesta por el director y el trabajador social
de un centro educativo ceutí al constatar que un menor
faltaba constantemente a sus clases.
El portavoz del Ministerio Público tomó declaración este
mismo jueves tanto a la madre como al joven, a los que lanzó
la advertencia legal de sus obligaciones; a la ceutí, de
exigir al adolescente que asistiera al colegio, y a este, su
deber de obedecer a la progenitora. Todo ello ante la
amenaza de la imputación de un delito penal ya que, si en el
plazo de tres meses como máximo, el joven no regresa a las
aulas, sus progenitores serán acusados de un delito de
incumplimiento de los deberes legales de asistencia
inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o
acogimiento familiar, o de prestar la asistencia necesaria
legalmente establecida para el sustento de sus
descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen
necesitado, recogido en el artículo 226 del Código Penal y
castigado con penas de prisión de entre tres y seis meses de
cárcel, o multa de seis a 12 meses. Además, en este caso el
juez o tribunal podría imponer, motivadamente, la pena de
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de
patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar por
tiempo de cuatro a diez años.
Es por estos motivos por los que el fiscal ha decidido no
archivar la denuncia del centro, de momento, a expensas de
comprobar que existe colaboración, por parte de los padres,
para que el menor acuda al centro, tal y como informó este
medio de comunicación en su edición del 20 de febrero, sobre
esta misma causa. Este es el único caso de absentismo
escolar investigado en el presente ejercicio aunque este
periódico ha podido averiguar que, desde 2007, se han
llevado a cabo investigaciones similares que, en algunos
casos, han concluido con imputaciones a los padres y
sentencias condenatorias. Concretamente, en 2007 fue la
propia Fiscalía la que denunció y acusó de incumplimiento a
los padres de un menor, hecho que se volvió a producir en
2008 con una nueva causa.
Sin embargo, en 2009 fueron tres los procedimientos que se
abrieron por las mismas situaciones y en solo una, los
progenitores colaboraron con la Justicia atendiendo al
requerimiento legal mientras que las otras dos continuaron a
través de la denuncia. Como contrapartida, durante el pasado
ejercicio no fue denunciado ningún caso de absentismo
mientras que en apenas dos meses de 2011, ya hay un
procedimiento abierto que podría saldarse con el archivo o
la imputación delictiva de los progenitores.
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