Aún no han sido redactados los correspondientes escritos de
acusación contra el militar detenido por la agresión a su
mujer e hijo pero tanto el Ministerio Fiscal como la
acusación particular ya apuntaban ayer al delito de
tentativa de homicidio pese a que el parte del forense
acreditaba que las lesiones de las víctimas no comprendían
riesgo para la vida puesto que no alcanzaron los órganos
vitales.
Fuentes judiciales consultadas por este medio de
comunicación explicaron que la calificación de homicidio o
asesinato conlleva, entre otras circunstancias, el que la
agresión sufrida por las víctimas alcance riesgo vital para
las mismas. Hecho que en este procedimiento no se ha
producido y que podría derivar en una calificación de delito
de lesiones graves. Sin embargo, la intencionalidad, que es
otro de los parámetros de estudio en la acusación, sí
comprenderá un estudio más exhaustivo de la única
declaración aportada ayer por el detenido. Lo que se conoce
como el ánimo o ‘dolo’.
Con respecto a las propias víctimas, el INGESA ayer confirmó
que continúan en proceso de recuperación aunque las heridas
en las manos son bastante graves, habiendo producido la
rotura de tendones en el caso del hijo del detenido. Y tal
como decretó el jueves el juez de Instrucción número 4,
ambos continuarán custodiados por los agentes del Cuerpo
Nacional de Policía hasta que se les de el alta médica, como
medida de protección.
Vistas así las cosas y recopilando los datos aportados a la
causa, a tenor de las estimaciones realizadas por la
Fiscalía, el subteniente de la ULOG no sólo podría
enfrentarse a un delito de tentativa de homicidio, que parte
de una pena de hasta 7 años de prisión, sino que habría que
añadirle el agravante de parentesco, que sumaría otro año de
cárcel.
Además del delito de quebrantamiento de condena, puesto que
sobre él pesaba una orden de alejamiento con respecto a su
esposa, y que estimaría entre 6 meses y un año de presidio.
Sin olvidar las lesiones, que podrían ser constitutivas de
delito, con otros dos años de cárcel por cada víctima, o una
falta, por lo que se quedaría en una multa durante 30 días.
Por lo que el detenido podría enfrentarse a más de diez años
de prisión y, según el Código Penal Militar, a la
inhabilitación como miembro de las Fuerzas Armadas.
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