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Un “giro” de las economías de Ceuta y Melilla. Esto es lo
que propone el documento firmado ayer por los presidentes de
Ceuta y Melilla, Juan Vivas y Juan José Imbroda, y que
recoge, según se resume en una nota de prensa, su compromiso
“para continuar articulando instrumentos de reactivación”
económica. La Declaración se ha firmado durante la
Convención Populares 2011, pues cuenta con el respaldo de la
directiva nacional del partido al que pertenecen ambos
mandatarios. A una reunión previa asistieron el
vicepresidente de Política Autonómica y Local, Javier Arenas
y el coordinador de Economía, Cristóbal Montoro.
Un “giro” de las economías de Ceuta y Melilla. Esto es lo
que propone el documento firmado ayer por los presidentes de
Ceuta y Melilla, Juan Vivas y Juan José Imbroda, y que
recoge, según se resume en una nota de prensa, su compromiso
“para continuar articulando instrumentos de reactivación”
económica.
La firma del texto se produjo tras un encuentro celebrado en
la Convención Nacional del Partido Popular (PP), y ha
contado por tanto con el respaldo de la dirección nacional
de esta formación, escenificado con la presencia del
vicepresidente de Política Autonómica y Local, Javier
Arenas, el coordinador de Economía y Empleo, Cristóbal
Montoro, y el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. A
la reunión acudieron los consejeros de Hacienda, Francisco
Márquez, y Economía y Empleo, Guillermo Martínez, y sus
homólogos melillenses, Guillermo Frías y Daniel Conesa,
además de otros cargos como el consejero de Fomento, Juan
Manuel Doncel, y el presidente de la Autoridad Portuaria,
José Torrado.
Preámbulo
El documento comienza con un repaso a las principales
medidas económicas, financieras y fiscales que se han
implantado en los últimos años y de algunas de las
reivindicaciones de los ejecutivos de Vivas e Imbroda, como
la ampliación de las bonificaciones de la Seguridad Social;
el incremento de las deducciones y bonificaciones del IRPF y
otros impuestos (como el de sucesiones y transmisiones), o
el reconocimiento de un estatus especial por la Unión
Europea. La garantía de garantía del compromiso del Estado
de mantener unos niveles de calidad en los servicios
públicos iguales a los del resto de España y la mejora de
las condiciones de conectividad, mediante al abaratamiento
de los precios del transporte marítimo y aéreo que unen a
las dos ciudades con la península son otras de estas
exigencias.
Después del preámbulo, el documento se centra en seis nuevas
propuestas cuya ejecución se han comprometido a intentar
llevar adelante tanto Vivas como Imbroda y que tendrán
reflejo en sus respectivos programas electorales.
La primera medida es “considerar, a efectos de la iniciativa
sobre ampliación de las bonificaciones en las cuotas a la
Seguridad Social, como sectores de interés prioritario,
junto con los que en la actualidad son destinatarios de la
medida, aquellos servicios que cumplan con alguno de los dos
requisitos siguientes: estar igualmente afectados por los
condicionantes que justifican la bonificación, como ocurre
con el transporte urbano, entre otros; o contar con un
notable potencial de empleo en el caso de que la misma les
sea de aplicación”.
En segundo lugar, se propone “establecer el tipo del 1% en
el Impuesto sobre Sociedades para las empresas que cumplan
con determinadas condiciones de inversión y empleo”, en
términos parecidos a los contemplados en las zonas
económicas especiales de Canarias.
La tercera proposición es sustituir el actual IPSI por una
figura impositiva similar al IGIC (Impuesto general insular
canario), de estructura parecida al IVA, pero con tipos más
reducidos, “lo que permitiría, entre otras positivas
consecuencias mejorar la competitividad del comercio local”.
Esto se lograría por tres vías, “dejar de tributar por la
mercancía importada y no vendida; regular un sistema ágil de
devolución o no aplicación del impuesto a las compras
efectuadas por viajeros procedentes de la península, de
Marruecos, o del resto del mundo; y evitar el efecto
acumulativo de la carga tributaria”. Esta tercera medida
llevaría también a “favorecer la fidelización de la demanda
interna mediante el establecimiento de unos tipos de
gravamen sensiblemente inferiores a los del IVA”.
En cuarto lugar, se recoge la reducción en un 50% el bloque
tarifario de los puertos de Ceuta y Melilla tomando como
referencia las medias nacionales, y la necesidad de
contemplar, de manera simultánea, “un fondo estatal
destinado específicamente a garantizar el normal
funcionamiento de ambos puertos”. Esta medida excepcional se
justifica “por las circunstancias, igualmente excepcionales,
que en los mismos concurren: naturaleza de infraestructuras
esenciales e insustituibles para las comunicaciones con la
península y para el abastecimiento de productos vitales; e
infranqueables dificultades para lograr el equilibrio de
explotación que la normativa común prima”. Estas
dificultades están relacionadas, apunta el texto “con los
condicionantes estructurales, y muy especialmente con las
instalaciones que se promueven y construyen al otro lado de
las dos fronteras”.
La quinta propuesta que se hace desde Ceuta y Melilla es
para que se articulen los mecanismos legales específicos que
sean precisos para que el Ministerio de Defensa pueda ceder,
de manera gratuita, suelo disponible de su titularidad con
destino tanto a equipamientos públicos e infraestructuras de
tal naturaleza como a la promoción de viviendas protegidas,
a través de convenio con las Ciudades Autónomas”. Esta
medida “debería coincidir con el impulso y culminación de la
construcción de las bases únicas proyectadas en ambas
ciudades”.
“Disponer las medidas que sean precisas para que el coste de
la insularidad no repercuta en los precios de la energía y
del agua”, es la sexta y última propuesta incluida en el
documento. En este sentido, “la posible interconexión con la
red eléctrica peninsular de ambas ciudades, mediante la
instalación de los correspondientes cables de suministros”,
se plantea como una medida “imprescindible a medio o largo
plazo”.
Posición Común
Vivas e Imbroda manifestaron su compromiso de fijar una
posición común en relación con otros dos asuntos íntimamente
relacionados con los que se contienen en la declaración, el
primero de ellos, el desarrollo y conclusiones de la
ponencia que sobre Ceuta y Melilla aborda la Comisión Mixta
de las Cortes Generales para la Unión Europea.
También se propone el estudio junto al Gobierno Central, de
la posible integración de Ceuta y Melilla en la Unión
Aduanera, “opción que deberá ser sometida a la opinión de
los agentes económicos y sociales de las ciudades”, y que
para que se considere beneficiosa, deberá ser “compatible
con las peculiaridades económicas y fiscales”, y no
perjudicial para las actividades que tradicionalmente se
desarrollan al amparo del estatus de territorio franco
aduanero.
La próxima cita de Vivas e Imbroda para ahondar en estas
materias será en febrero.
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convención nacional popular
