El Pleno ha dado luz verde a la extinción de las concesiones
administrativas sobre las plazas de aparcamiento de Polígono
Virgen de Africa, Bermudo Soriano y Plaza de Azcárate para
incluirlas en su patrimonio y, posteriormente, venderlas
preferentemente a los actuales concesionarios que tendrán
“garantías” y se beneficiarán de precios “ligeramente por
debajo de los de mercado” para poder adquirirlas en
propiedad. Con esta actuación el Gobierno pretende recaudar
alrededor de 3 millones de euros que servirán para
“continuar con el Plan de inversiones y de mejora de la
calidad de los servicios de los ceutíes”.
El Pleno aprobó ayer la extinción de las concesiones
administrativas de los aparcamientos del Polígono Virgen de
África, Plaza de Azcárate y Bermudo Soriano mediante su
desafectación y posterior patrimonialización que afecta a
más de 500 plazas de parking de la Ciudad, con los que se
pretende ingresar unos 3 millones de euros a las arcas
municipales.
Defendió la propuesta el consejero de Economía, Empleo y
Turismo, Guillermo Martínez en ausencia del titular de
Hacienda, Francisco Márquez de la Rubia.
El Gobierno desafectará el subsuelo de los aparcamientos, se
inventariarán como patrimonio y podrá ofrecerse en venta, a
partir de ese momento, a los actuales concesionarios. De tal
modo que, por un lado, los que deseen podrán mantener el uso
y disfrute de las plazas desafectadas con los mismos
derechos y obligaciones que en la actualidad hasta el fin de
la concesión, pero por otro lado, a estos concesionarios se
les ofrecerá la posibilidad de adquirir su plaza en
propiedad a un precio que los técnicos de la Ciudad Autónoma
tasarán ligeramente por debajo del precio de mercado.
Martínez defendió el “proceso garantista” para los actuales
concesionarios y permitirá al Gobierno de la Ciudad
“continuar los proyectos previstos del Plan de inversiones y
proseguir con la mejora de los servicios que redundan en la
calidad de vida de los ceutíes”.
Concesiones de Aróstegui
Tras la exposición de Martínez, tomó la palabra por UDCE
Abderrahaman Maate quién se remontó al histórico para
criticar el modo en que el Ayuntamiento, en los inicios de
los años 90, llevó a cabo las distintas concesiones a través
de una empresa intermedia. Dijo Maate que, indagando en el
expediente, “empezamos a albergar dudas” sobre cómo se
otorgó a ‘Decasport’ la gestión de las concesiones en el año
89, y más tarde a otras empresas. Y todo ello, sin caer en
la cuenta -curioso- de que quien capitaneaba la entonces
concejalía “era alguien ahora muy cercano a UDCE”, le
recordó en la réplica Martínez sin llegar a nombrar a Juan
Luis Aróstegui pero refiriéndose a él.
El portavoz de UDCE ayer [no se encontraba Ali en
condiciones de hablar demasiado] dijo además que “muchas
personas piensan que ya son propietarias de esas plazas, que
han pagado a precio de mercado, cuando en realidad tan sólo
cuentan con una concesión temporal”. Lo que fue replicado
por Martínez quien advirtió a Maate que no se trataba de
llevar al Pleno una discusión jurídica dado que es evidente
que una concesión administrativa no es una propiedad.
Abderrahaman Maate preguntó por el ingreso previsto por la
enajenación “porque no figura en el expediente”, criticó y
dejó en el aire la duda de no saber quien sale ganando en
esta operación. Rápido en la dúplica, Martínez afirmó
rotundo que “gana el interés general” y explicó que en un
escenario probable de que todos los concesionarios adquieran
finalmente la propiedad, los ingresos supondrían entorno a
los 3 millones de euros.
El Gobierno destaca, además, que la medida aportará
“seguridad jurídica” a los más de 500 concesionarios que
actualmente disfrutan de esas plazas de aparcamiento.
En este punto la portavoz del PSOE no hizo uso de la
palabra, no entró en debate y el punto pasó a votación del
Plenario después de la última intervención de Martínez. La
propuesta obtuvo los votos a favor de los diputados del
Partido Popular, ninguno en contra y cinco abstenciones, la
de los grupos de la oposición.
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Aprobada la cesión de suelo en Loma Colmenar para Educación
El Ministerio de Educación tendrá
a disposición algo más de 11.000 metros cuadrados para la
construcción de centros escolares. Un ejercicio de “lealtad
y de colaboración”, dijo el consejero de Fomento, Juan
Manuel Doncel, con la Administración General del Estado
“hasta el límite de sus competencias” porque la presencia de
equipamientos públicos del Estado “redunda en el beneficio
general”. De modo que el Gobierno propuso la cesión
“gratuita” al Ministerio de Educación tal y como resultó el
compromiso con el ministro quien marcó en 30 meses la
ejecución de los centros. Después de las intervenciones de
los grupos parlamentarios UDCE y PSOE la votación arrojó la
unanimidad de la Cámara autonómica ceutí.
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