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Será durante el transcurso de la jornada de hoy lunes cuando
los miembros de la Ejecutiva de la Asociación Musulmana,
acompañados por los familiares de Alí Aarras y de su
abogado, muestren su rechazo por la su extradición a
Marruecos, que acaba de se aprobada, el fin de semana, por
el Consejo de Ministros. Una decisión que llega tras una
detención preventiva de más de dos años y que ha causado el
rechazo tanto de asociaciones como de otras formaciones.
El Consejo de Ministros ha aprobado la extradición a
Marruecos del ciudadano melillense nacionalizado en Bélgica,
Alí Aarras, sospechoso de estar relacionado con el
terrorismo y ha denegado la de Mohamed El Bay, reclamado por
los mismos cargos, al estimar que además de la alauí también
tiene la nacionalidad española.
Los dos ciudadanos, que eran reclamados por las autoridades
magrebíes por su supuesta vinculación con el terrorismo
islamista, fueron objeto de una campaña puesta en marcha por
la anterior Ejecutiva de la Comisión Islámica de Melilla (CIM),
que recogió 10.000 firmas en contra de la extradición.
Además de la CIM y de Amnistía Internacional, que recogió
13.000 firmas más, también se han opuesto a esta extradición
los partidos políticos CPM y PP, incluidos el presidente de
la Ciudad Autónoma Juan José Imbroda y el diputado a Cortes
por Melilla Antonio Gutiérrez, ya que tanto Ali Aarras como
Mohamed El Bay son ciudadanos comunitarios, belga y español,
respectivamente. Además, la causa sobre presunta
colaboración con el terrorismo islamista que se instruía
contra Aarras fue archivada por el juez de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón.
El Bay y Aarras fueron detenidos el 1 de abril de 2008 en
Melilla para ejecutar una orden de detención internacional
dictada por Marruecos.
Las autoridades marroquíes consideran a Aarras integrante
del “Movimiento de los Muyahidines en el Magreb” desde 1982
y le relacionan con los atentados de Casablanca del 16 de
mayo de 2003.
Por su parte, El Bay está supuestamente relacionado con una
red terrorista que las autoridades marroquíes desmantelaron
en febrero de 2008 con la detención de más de 30 personas,
la mayoría en la vecina Nador. Ambos se encontraban
encarcelados desde entonces en prisiones de la Península.
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manifestación
