Los 35 inmigrantes detenidos el pasado viernes por el Cuerpo
Nacional de Policía fueron puestos ayer en libertad después
de declarar, durante toda la tarde, ante la titular del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2. De los
testimonios dados por los subsaharianos, el representante
del Ministerio Fiscal en la ciudad resolvió calificarlos
como un delito de desobediencia grave, por lo que los 35
imputados quedaron citados para el próximo 14 de octubre,
donde comparecerán en el Juzgado de lo Penal por secundar,
en dos ocasiones, concentraciones prohibidas por la
Delegación del Gobierno.
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de la ciudad tomó ayer declaración, durante toda la
tarde, a los 35 subsaharianos detenidos el pasado viernes
por el Cuerpo Nacional de Policía, tras secundar una segunda
concentración en la Plaza de los Reyes prohibida por la
resolución adoptada por el delegado del Gobierno, José
Fernández Chacón, que las declaró ilegales. Dichos
testimonios concluyeron con la imputación de los 35
inmigrantes, que quedaron en libertad después de que el
representante del Ministerio Fiscal en la ciudad calificase
los hechos como delito de desobediencia grave y los actores
judiciales acordasen fijar una única fecha de juicio para
los 35 acusados, que tendrán que comparecer en el Juzgado de
lo Penal el próximo 14 de octubre.
Por tales hechos, los inmigrantes podrían enfrentarse a
penas que oscilan entre los 6 y 9 meses de prisión,
dependiendo de que cada uno de ellos tenga, o no,
antecedentes penales; en este caso, tres de ellos los tienen
acreditados puesto que el pasado viernes fueron condenados
por los delitos de atentado, ya que uno de ellos tiró al
suelo a un agente de la Policía Local que intentaba
detenerlo. Y otros dos, hicieron el amago de escapar de los
policías pero no lo lograron, por lo que asumieron el delito
de resistencia.
Fuentes de la Fiscalía aseguraron que el suceso relatado por
los subsaharianos y los agentes de la Policía con respecto
al pasado viernes, “no puede considerarse grave” pero sí
como una “reiteración delictiva”, de ahí que los hechos
hayan quedado calificados como delito y no como falta, tal y
como se dio en la primera concentración. Razón, además, por
la que la jueza decidió que ninguno de ellos ingresase en
prisión. Los 35 inmigrantes quedaron citados judicialmente
tras la toma de declaración y sobre las ocho de la tarde
comenzaron a salir del juzgado para regresar, 28 de ellos, a
Delegación del Gobierno.
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