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El Cuerpo Nacional de Policía y varios efectivos de la
Policía Local volvieron a actuar, por tercera vez, en la
Plaza de los Reyes sobre las diez y cuarto de la noche de
ayer ya que 28 de los 35 inmigrantes que fueron puestos en
libertad por orden judicial decidieron regresar a las
inmediaciones de la Delegación de Gobierno y secundar,
nuevamente, una concentración ilegal prohibida desde la
semana pasada. Sólo siete subsaharianos optaron por acatar
la medida y tener en cuenta que sobre ellos ya pesa una
acusación delictiva de desobediencia grave, por la que se
podrían enfrentar a varios meses de prisión.
Decían estar “cansados, fatigados y con ganas de dormir”
pero lo cierto es que los subsaharianos, ya habituales en la
Plaza de los Reyes, no se dan por vencidos y decidieron ayer
“no parar”. Alrededor de las diez y cuarto de la noche, y
tras ser puestos en libertad por orden judicial, 28 de los
35 inmigrantes que fueron detenidos el pasado viernes
optaron por concentrarse de manera ilegal, por tercera vez,
frente a la Delegación del Gobierno.
Varios efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la
Policía Local volvieron a acordonar la zona y lanzar tres
avisos a los manifestantes, que haciendo oídos sordos no
pusieron resistencia alguna a las posteriores detenciones.
Sólo siete inmigrantes quisieron acatar el “aviso” de la
magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 y tomar en serio la acusación que sobre ellos pesa
del Ministerio Público, por la que deberán responder en los
próximos días por desobediencia grave. Así que no siguieron
el paso de sus compatriotas y se retiraron de la tercera
protesta frente a Delegación.
Si ya el panorama se advertía grisáceo para los
subsaharianos, será nuevamente la Justicia la que determine
qué ocurrirá en las próximas 72 horas, tiempo máximo que
deberá transcurrir entre la permanencia de los detenidos en
la Jefatura Superior de Policía de Colón y en las
instalaciones de la frontera, y su puesta a disposición
judicial. Y es que los hechos, aunque ayer no fueron
considerados graves por la Fiscalía, al no producirse ningún
daño físico contra las personas, sí es cierto que una
tercera reincidencia podría acarrear a los manifestantes
penas privativas de libertad, claro que serán los actores
judiciales los que tendrán en su palabra la medida a
ejecutar.
Este nuevo desalojo de los subsaharianos se produjo en
cumplimiento de la Resolución firmada al efecto por el
delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, el pasado
lunes día 13. Dicha decisión resolvía la suspensión y, en su
caso, la disolución, de la concentración y manifestación de
los mismos, al no estar ejercitando un derecho de forma
legítima y, además, incurrir en el supuesto de hecho del
artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, al alterar el orden
público, con peligro de personas y bienes.
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