La nueva normativa de la que dispone la Ciudad desde el
pasado mes de julio permite agilizar el procedimiento de
denuncia y derribo de edificaciones ilegales “incipientes” y
ya se ha aplicado, además de en Benzú, en la barriada del
Príncipe y en Los Rosales. Según destaca el consejero de
Fomento, Juan Manuel Doncel, tras la limpieza de 19
“parcelas” ocupadas de forma ilegal en una zona verde
aledaña al colegio Reina Sofía, en estos momentos se trabaja
también en Poblado Sanidad y en el Sardinero.
En lo que respecta al Príncipe, donde proliferan de forma
especial este tipo de edificaciones no legalizables se han
llevado a cabo cuatro de estas operaciones, que se
desarrollan a medida que avanza el Plan de Urbanización de
la barriada.
En el Príncipe
Tal como informaron desde la Oficia Técnica de Obras, una
segunda operación de derribo de construcciones que
entorpecen la remodelación del Príncipe tuvo lugar en un
ámbito ajardinado próximo a las viviendas de protección
oficial de Poblado Legionario que, como el del ‘Reina
Sofía’, también había sido ocupado y acotado sin
autorización. Un tercer derribo se realizó en una curva que
da acceso a la barriada desde el puente del Quemadero y la
última se produjo el pasado 24 de agosto en la Agrupación
Norte. Los próximos derribos de construcciones fuera de
ordenación están previstas en la zona centro del Príncipe
con el desarrollo del proyecto de reforma de la calle San
Daniel.
La modificación realizada en esta ordenanza consiste en la
introducción de un nuevo artículo, el 170 BIS, que establece
el “procedimiento sumario para obras incompatibles con el
ordenamiento”. Este mecanismo permiteCal órgano competente,
en este caso, la Consejería de Fomento, emitir una
resolución que contenga “la suspensión inmediata de las
obras si se estuviesen ejecutando, con apercibimiento del
precintado de las mismas por la autoridad competente
(Policía Local), advirtiéndose de que el incumplimiento de
la citada medida podría dar lugar a un posible delito de
desobediencia a la autoridad”.
Los diferentes pasos que pueden llevar, por Decreto del
consejero de Fomento, a ordenar la demolición de obras
ilegales como las que se han registrado en las mencionadas
zonas libres, algunas destinadas también a equipamientos
públicos, no superan los 41 días.
|