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Fomento, a través de su área de Disciplina Urbanística, ha
abierto expedientes por obras ilegales incipientes o
recientes cuya cuantía se ha elevado hasta los 90.000 euros.
Este es el caso de una edificación de tres plantas llevada a
cabo en la barriada de Benzú, una de las zonas en las que se
trabaja en virtud de la nueva normativa que agiliza los
trámites de denuncia y derribo.
El trabajo emprendido desde el área de Disciplina
Urbanística de la Ciudad para atajar las obras ilegales
“incipientes” ha dado ya lugar a expedientes con propuestas
de sanción que superan los 90.000 euros. Este es el caso de
una edificación sin licencia en la barriada de Benzú, otra
de las zonas en las que se trabaja con el fin de impedir que
este tipo de construcciones y de ocupaciones del dominio
público sigan proliferando.
De acuerdo con los datos ofrecidos desde la Consejería de
Fomento, departamento del que depende la Unidad de
Disciplina Urbanística, la citada multa recaería sobre un
particular que recientemente ha levantado una vivienda de
tres plantas con una superficie total de unos 400 metros
cuadrados. El precio de la multa a aplicar se calcula sobre
el coste de la edificación, con un límite del 20% del mismo.
Por otra parte, y aunque de menor cuantía, rondando los
3.200 euros, se han abierto dos informes más sobre otras
tantas edificaciones fuera de ordenamiento y sin licencia de
obra en la misma barriada. En este caso se trata de dos
casas que han sido levantadas en los extremos de dos
pequeños cabos que delimitan una de las calas de Benzú. Los
servicios de la Consejería de Fomento solicitaron para poder
abrir los correspondientes expedientes de derribo la
colaboración de la Guardia Civil, que participó en la labor
de identificación de los propietarios y/o promotores de las
edificaciones ilegales al ocupar ambas la franja de dominio
público marítimo-terrestre.
Tanto de la primera como de la otra actuación de menor
envergadura (en lo que se refiere al tamaño de la
edificación como a la cuantía de las sanciones aplicables),
y según el procedimiento establecido, se ha dado cuenta a
las administraciones competentes dependientes del Estado. La
vivienda sobre cuyo promotor recaerá la multa más cuantiosa
se levanta en el límite de la N-354, una carretera de
competencia estatal respecto a la que, según explicaron los
técnicos competentes en la materia, el límite propuesto por
la Demarcación de Carreteras para poder construir es de 25
metros.
Por su parte, las otras dos edificaciones denunciadas se han
construido en el mismo borde del acantilado, vulnerando lo
establecido en la Ley 22/1988 de Costas, que recoge una
servidumbre de protección del dominio público de 100 metros
“medidos tierra adentro desde el límite interior de la
ribera del mar”.
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disciplina urbanística / Nuevo
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