|
Quienes lleven a cabo obras sin licencia se enfrentan a
multas que, como ocurre a la hora de pagar las licencias que
corresponda, son -según señalaba el jefe de la Unidad de la
Policía Local encargada de la vigilancia de las Ordenanzas-,
proporcionales al coste de las mismas.
En la Ordenanza Reguladora de la Disciplina Urbanística, que
data de 1996 y ha sido recientemente renovada para agilizar
los trámites de paralización, sanción y, en su caso,
demolición de obras no legalizables, se establece que el
importe de las multas urbanísticas tiene una cuantía máxima
de “cien millones de pesetas”.
La normativa en vigor recoge que “para determinar la cuantía
de las sanciones se tendrán en cuenta la calificación de las
infracciones cometidas, la evaluación de los actos
urbanísticos constitutivos de las mismas, su potencial
legalización, la responsabilidad disciplinaria de los
culpables, su posible reincidencia y el beneficio ilícito
obtenido”.
En cuanto a la valoración de las multas, la Ordenanza señala
asimismo que para fijar su cuantía hay unos criterios de
valoración del suelo afectado y que el “valor de las obras,
instalaciones o actuaciones” se calculará en función de “su
coste real de ejecución”.
Unidad en Fomento
Son los técnicos de la Ciudad Autónoma, en concreto, de la
consejería competente, Fomento, quienes han de emitir los
informes relativos a estas obras ilegales. Tal como anunció
el Ejecutivo local la pasada semana, la “unidad
administrativa” creada para este fin se ha reforzado en las
últimas semanas y a lo largo del próximo mes el departamento
que dirige Juan Manuel Doncel ofrecerá un informe acerca de
sus actividades.
El cambio introducido a instancias del consejero de Fomento
en la Ordenanza -en vigor desde el pasado día 16- establece
un procedimiento sumario que permite el precintado de las
obras ilegales por la Policía Local y abrevia los trámites
de incoación del expediente hasta un máximo de 41 días.
Por su parte, el Código Penal recoge penas incluso de cárcel
para “los promotores, constructores o técnicos directores
que lleven a cabo una construcción no autorizada en suelos
destinados a viales, zonas verdes o bienes de dominio
público (...)”, algo que ocurre en muchos casos de
construcción ilegal, que suelen comenzar por la ocupación de
terrenos públicos, como, en el caso más reciente en una zona
verde del Príncipe. Las penas para estos delitos son de
prisión de seis meses a tres años, multa de doce a
veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión
u oficio por tiempo de seis meses a tres años”.
|
seguridad /
Unidad específica de Ordenanzas
