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Si el Gobierno ceutí sigue pensando lo mismo que el martes,
cuando reconoció que serían “muy graves” las tensiones de
Tesorería que generaría en las arcas municipales no poder
recurrir a las pólizas de crédito que cada año concierta
para disponer de unos 50 millones de euros con cargo a la
compensación del IPSI que el Estado le paga a año vencido la
situación de la Hacienda local está en esa coyuntura. Así lo
entiende el Ministerio de Hacienda, que ayer confirmó que la
Ciudad debe someterse a las restricciones impuestas desde el
martes a las entidades locales. El Ejecutivo de Vivas piensa
que la razón jurídica sigue asistiéndole y que no es así.
El Ministerio de Economía y Hacienda confirmó ayer por la
tarde por cauces oficiales a este periódico que las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla deben someterse “igual que las
demás entidades locales” al contenido del artículo 14 del
Real Decreto-ley 8/2010 publicado en el BOE el lunes por el
que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del
déficit público, entre ellas la de no poder acudir al
crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de
sus modalidades, para la financiación de sus inversiones, ni
sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes a
partir del 1 de enero, según se matizó en el Boletín del
martes.
Igualmente “afecta” a la Administración local, según explicó
el departamento que dirige Elena Salgado, el punto tres de
ese mismo artículo, que en este caso desde ya veta a las
entidades locales la posibilidad de alargar más allá del 31
de diciembre de cada año “operaciones a corto plazo
concertadas para cubrir situaciones transitorias de
financiación reguladas en el artículo 51 del Texto de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales”.
Al pie de la letra esta interpretación del alcance del
Decreto-ley sobre las dos ciudades autónomas impediría a
Ceuta concertar la póliza que tiene previsto suscribir antes
de final de año, por un importe de entre 19 y 20 millones de
euros, con cargo a la compensación por menor recaudación del
IPSI regulada por Ley que el Estado le abonará por un
montante de más de 50 millones de euros el próximo verano.
Sin embargo la Ciudad no piensa variar, al menos de momento,
sus planes, según aseguró ayer el consejero de Hacienda,
Francisco Márquez, quien explicó que el Gobierno local
seguirá aplicando la legislación según la entiende a tenor
de los informes jurídicos recabados: un Decreto-ley como el
publicado no puede condicionar lo que ya regula una Ley
Orgánica, la 1/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de
Autonomía de Ceuta.
“Seguiremos defendiendo las características de la Ciudad y,
entre ellas, su particular marco económico y fiscal”,
resumió Márquez, “y si alguien entiende que no se está
haciendo de la manera correcta tiene los cauces oportunos
para hacerlo saber.
“Estamos preparados”
El propio presidente Vivas repitió ayer, primero en
declaraciones a RNE y después a los periodistas locales, que
su Ejecutivo considera, en base a opiniones “técnicas
cualificadas” que “en materia de endeudamiento la Asamblea
está sometida al artículo 37 del Estatuto de Autonomía”.
“Ninguna norma de rango inferior puede alterar los límites
allí establecidos”, opinó el presidente, quien además de por
este argumento cree que la posición de la institución está
respaldada “por una situación de partida francamente
satisfactoria desde el punto de vista de nuestra situación
presupuestaria y económico-financiera, con una carga
financiera en relación con nuestros ingresos, no con nuestra
población, que no llega ni con mucho al 20%, siendo el
límite del 25%”.
“Estamos preparados”, aseveró antes de matizar que aún
defiendo su carácter autonómico la Ciudad no renuncia a su
perfil como entidad local, colectivo que a su juicio “no se
merecen medidas tan radicales como las que se pretenden
aplicar”.
“Al contrario”, contrapuso a la actitud de Zapatero,
“merecemos audiencia previa y afrontar de una vez por todas
la pendiente y tantas veces prometida reforma de sus
Haciendas para que se pueda contemplar la importantísima
labor que hacen, han hecho y seguirán haciendo atendiendo
las demandas de los ciudadanos en forma de transformación
urbana, mejora de los servicios básicos y asunción de
prestaciones que no se corresponden exactamente con nuestro
ámbito competencial”.
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Vivas cree que sería mejor obligar a las entidades locales a
pedir permiso
Aún no sintiéndose sometido a ella
el presidente ceutí criticó ayer en declaraciones a RNE
recogidas por Europa Press por “radical” la prohibición a
los ayuntamientos de endeudarse a largo plazo a partir de
enero de 2011 y dijo que “se podía haber abordado” el
problema “estableciendo algunos requisitos”. En concreto
propuso como alternativa establecer una “autorización previa
por parte del Ministerio de Hacienda para corporaciones que
se encontraran en una determinada situación”. “No hubiera
sido una medida tan radical”, apostilló. “También se podría
haber dado audiencia previa, a través de la FEMP o de
cualquier otra manera” para conocer las consecuencias y las
implicaciones que podría tener una medida de esta
naturaleza”, explicó. Para Vivas esta medida “puede
interrumpir, si no se adecua a la realidad, inversiones ya
comprometidas o programas cofinanciados con fondos
estructurales”.
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ajustes del gobierno
