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Además de los seis agentes de la Benemérita, el Ministerio
Público también ha imputado en los supuestos delitos de
cohecho y prevaricación a tres civiles a los que califica
como “cooperadores necesarios”, y por los que pide las
mismas penas, de 4 años de prisión y 1.200 euros de multa,
excepto para uno de ellos por ser ciudadano marroquí y por
el que interesa 10 años de expulsión del territorio
nacional.
Al parecer, estos cooperadores se hallaban en las
inmediaciones de la frontera de El Tarajal y eran los
responsables de negociar el acceso a la ciudad autónoma
entre el transeúnte marroquí y los agentes de la Guardia
Civil cuando, por no ser beneficiarios de un permiso de
circulación válido en España o llevar mercancía en los
vehículos que no hubiesen pasado un control sanitario, no
podía cruzar la aduana.
Hechos concretos como el del día uno de agosto de dicho año,
cuando uno de los cooperadores de los agentes en el puesto
fronterizo exigió al conductor de un Renault Express una
cantidad de dinero que no consta determinada en el
procedimiento a cambio de permitirle el paso por la aduana
de tal forma que, una vez entregada la cantidad al Sargento
de la Guardia Civil, se le dio paso permitiéndole el acceso
a Ceuta. Todos estos hechos tendrán que ser valorados por el
tribunal de la Audiencia Provincial.
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