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ACTUALIDAD - SÁBADO, 8 DE MAYO DE 2010


frontera del tarajal. archivo.

TRIBUNALES
 

La Fiscalía imputa a 6 guardias civiles los presuntos delitos de cohecho y prevaricación

El Ministerio Público entiende que en 2003 los agentes de la Benemérita cobraban dinero en el puesto fronterizo del Tarajal por permitir el paso sin control a viajeros y mercancías de Marruecos
 

CEUTA
Cristina Marzán

ceuta
@elpueblodeceuta.com

El Ministerio Público ha imputado a seis agentes de la Benemérita los presuntos delitos de cohecho y prevaricación después de que el Juzgado de Instrucción número 1 dictase el auto de apertura de juicio oral y siendo la Audiencia Provincial el órgano competente para la celebración de la vista. La Fiscalía, en su escrito de acusación, ha entendido que los guardias civiles que trabajan en el 2003 en el puesto fronterizo del Tarajal cobraban dinero por permitir el paso sin control de viajeros y mercancías de Marruecos.

Seis agentes de la Benemérita deberán esclarecer ante el tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, órgano designado como competente después de que el Juzgado de Instrucción número 1 dictase el auto de apertura de juicio oral, su presunta relación en los delitos que les imputa el Ministerio Fiscal, que en su escrito de acusación ha calificado como supuesto cohecho y prevaricación continuada.

La Fiscalía ha entendido que los seis acusados, uno de ellos con la categoría profesional de Sargento y el resto cabos de la Guardia Civil, durante el año 2003 se encontraban destinados en la Compañía Fiscal de Ceuta y desempeñaban sus servicios en la aduana de El Tarajal, encargados del control e identificación de personas y vehículos que accedían a la frontera desde Marruecos para su posterior entrada en España.

Y sin que conste fecha determinada pero al menos desde el mes de mayo del citado año, los acusados, “puestos en común y previo acuerdo, urdieron un plan con el ánimo de enriquecerse injustamente y con dicha finalidad decidieron desarrollar el ejercicio de sus cargos a cambio de cantidades de dinero u otros beneficios en especie”, expone el Ministerio Público en su escrito de acusación. Al parecer, los procesados exigían a las personas que trataban de acceder a Ceuta a través de la aduana, dichas cantidades o beneficios que posteriormente se repartían y permitiendo luego la entrada a la ciudad autónoma. Por tales hechos, la Fiscalía ha solicitado las penas de cuatro años de prisión, la inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público al servicio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante 9 años y una multa de 1.200 euros. Además de la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena más las costas procesales.

Para el juicio oral, el fiscal también ha pedido la declaración de ocho civiles y otros nueve agentes de la Benemérita en calidad de testigos. Y una vez más, la audición de varias conversaciones telefónicas interceptadas.

Hechos investigados

Según las investigaciones efectuadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, nueve son las fechas concretas en las que supuestamente se pusieron en práctica las supuestas conductas “ilícitas” por parte de los acusados. Todos ellos relatados en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal.

El día 20 mayo de 2003, uno de los imputados que prestaba servicios de control en la frontera negó el acceso de entrada a la ciudad a un marroquí que carecía de permiso de conducción válido en España. Pese a ello, y por 41 euros, el mismo le permitió el paso una vez recibido el dinero a través de un tercero. El día uno de agosto de dicho año, uno de los cooperadores de los agentes en el puesto fronterizo exigió al conductor de un Renault Express una cantidad de dinero que no consta determinada en el procedimiento a cambio de permitirle el paso por la aduana de tal forma que, una vez entregada la cantidad al Sargento de la Guardia Civil, se le dio paso permitiéndole el acceso a Ceuta. Otro de los hechos incluidos por la fiscal en el escrito de acusación se refieren al 6 de septiembre de 2003 cuando, al parecer, un ciudadano marroquí llevaba en su vehículo mercancías cuya entrada en Ceuta requerían un adecuado control sanitario del que carecían, por lo que uno de los acusados le negó el paso al conductor hasta que otro de los cooperadores intervino y le pidió cierta cantidad de dinero, que al llegar a las manos del agente, dio luz verde al cruce de la frontera.
 


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