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Más que disertar obre las recientes reformas procesales
penales durante su intervención en las I Jornadas Jurídicas,
el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, basó su
ponencia en la reivindicación de una reforma completa de la
Ley de Enjuiciamiento Civil motivando dicha súplica en que
el texto legal está ”obsoleto” y al no dar más de sí, es
“incapaz de absorver y resolver conflictos de nuestro
tiempo”. Sobre las intervenciones teléfonicas también partió
una lanza Conde Pumpido.
“El sistema en sí mismo no da más de sí, y por tanto no es
capaz de absorber, y mucho menos de resolver, conflictos de
nuestro tiempo que no estaba previsto que tuviéramos que
afrontar cuando el edificio se proyectó y se puso en pie”.
Partiendo de esta idea, que desglosó durante su interesante
e intensa ponencia, el Fiscal General del Estado, Cándido
Conde Pumpido, suscitó el debate en las I Jornadas Jurídicas
sobre la “urgente necesidad” de una reforma completa de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), que calificó de
“obsoleta” entendiendo que sus “más de 120 años y 64
reformas” no hacían más que marcar distancias, “un siglo de
alejamiento” entre la norma y el ciudadano.
Esta primer paradigma fue enlazado directamente con los
derechos fundamentales y, en consecuencia, con los métodos
de investigación. “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se ven
en la peculiar tesitura de promover y orientar la
investigación judicial, e incluso llegan a instar la
práctica de actuaciones que afectan a los derechos
fundamentales, sin conocimiento y sin el filtro jurídico de
quien, paradójicamente, luego habrá de construir la
acusación sobre la base de las pruebas así obtenidas”,
expuso. Conde Pumpido, además, reconoció haber tenido ante
sus ojos a imputados que acudían ante el Ministerio Fiscal
para denunciar que el juez de la causa, con sus actos de
investigación, estaba vulnerando sus derechos fundamentales,
“que supuestamente el propio juez debería proteger”,
advirtió. Para finalizar su intervención, el Fiscal General
del Estado partió una lanza en favor del cambio. “Hemos
recuperado las posibilidades que la ley vigente nos ofrece
para aligerar el proceso, mediante la intervención activa
del fiscal en la fase instructora, la promoción de las
conformidades anticipadas, que estamos tratando de impulsar,
y la reordenación de nuestras relaciones con la policía
judicial. Pero seguimos esperando, y confiando en que podrá
lograrse en esta legislatura, la verdadera reforma procesal.
La elaboración de una ley procesal penal de perfil
directamente constitucional”, concretó.
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La visión del Fiscal General del Estado sobre la acusación
popular
La articulación entre una
acusación pública que se “tacha” de parcial y el factor de
corrección que puede aportar una acusación promovida por
iniciativa privada pero orientada a la promoción del interés
general, la acusación popular, fue otra de las cuestiones
planteadas por el Fiscal General del Estado, Cándido Conde
Pumpido. A este respecto, el portavoz del Ministerio Público
nacional señaló que no había discusión alguna sobre el valor
histórico y constitucional de la acusación popular, y su
aportación singular, en la génesis del sistema liberal
español que representa la Constitución de Cádiz al mundo del
Derecho procesal. Pero “lo que sí es discutible es un modelo
legal que no incluye mecanismos para evitar que ese valor
constitucional se pervierta al servicio, como he dicho en
más de una ocasión, de intereses espurios”, señaló Conde
Pumpido, durante su intervención en las I Jornadas
Jurídicas.
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I Jornadas Jurídicas de ceuta
