El Pleno de la Asamblea de ayer dio luz verde a las cinco
propuestas presentadas por el consejero de Fomento, Juan
Manuel Doncel, las dos primeras para la inclusión de un
procedimiento sumario que servirá para detener las obras
ilegales, y la creación de la Gerencia de Infraestructuras y
Urbanismo (GIUCE).
En relación a este nuevo organismo autónomo, a cuyos
estatutos votaron en contra los cinco representantes de la
oposición, Doncel explicó la admisión de una alegación
presentada por UGT, que tal como adelantó este diario hacía
referencia al sistema de selección del gerente. Doncel
manifestó que la Ciudad “debe asumir el protagonismo” en el
ámbito de la gestión urbanística y que la GIUCE busca
“formar buenos profesionales” y ser “un instrumento eficaz”
para que Ceuta siga desarrollándose en este ámbito.
Al igual que hiciera en el pleno que aprobó inicialmente
este proyecto, el portavoz del principal grupo de oposición,
Mohamed Alí, expresó sus dudas acerca de su relación con
Acemsa, pues a su modo de ver el hecho de que la GIUCE asuma
la dirección y control entre otras de las obras de esta
sociedad municipal hace necesaria la modificación de su
objeto social.
Además, y al igual que la portavoz socialista, Inmaculada
Ramírez, Alí puso en duda el hecho de que, tal como reiteró
por su parte Doncel, la creación de este organismo no supone
un coste extraordinario pues su personal procederá de la
Consejería.
El consejero manifestó respecto al primero de los argumentos
de Alí que “bajo ningún concepto se va a asumir las
competencias de Acemsa, sino la dirección, seguimiento y
control de la obra en general” y que “cuando haya un
traspaso de personal, que no de funciones”, habrá que
celebrar una reunión del Consejo de Administración de la
empresa del agua.
En cuanto al personal de alta dirección, en concreto del
gerente, Doncel señaló que en los primeros meses de
funcionamiento de la GIUCE no se procederá a su
nombramiento, por lo que no habrá coste alguno en este
aspecto.
Por otra parte, y en esta ocasión sin la oposición de PSOE y
UDCE, que eso sí, se abstuvieron, el Pleno aprobó la
introducción en la Ordenanza Reguladora de la Disciplina
Urbanística (ORDU) de un artículo, el 170 bis, que establece
un procedimiento sumario para la paralización, con
precintado por parte de la Policía Local, de obras “ilegalizables”.
Doncel recordó al respecto que Ceuta sigue la esta la de
autonomías como la andaluza, en la que hace un mes se aprobó
un Reglamento que incorporaba un procedimiento similar.
El “pero” que el portavoz e UDCE puso a esta propuesta es el
hecho de que, a su modo de ver, no es más “urgente” o
“necesario” que la legalización de las viviendas de Príncipe
Alfonso que el pleno aprobó en 2005. El responsable de
Fomento respondió a Alí que se trata de dos cuestiones
“diferentes” y que el nuevo procedimiento “redundará en
beneficio de la posible legalización de viviendas”.
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