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Establecer una tarifa máxima a todos los operadores de la
línea Ceuta-Algeciras, en tanto que Obligación de Servicio
Público, vulneraría los ineludibles principios de “necesidad
y proporcionalidad de cara a la consecución del objetivo que
se pretende”, en este caso abaratar el servicio y propiciar
que un mayor número de turistas visiten la ciudad autónoma.
Eso es al menos lo que opina la Comisión Nacional de la
Competencia, a la que el Ministerio de Fomento pidió un
informe sobre esta cuestión.
El Ministerio de Fomento y la Ciudad Autónoma, que hace tres
meses constituyeron un grupo de trabajo para intentar
reducir los precios que residentes y foráneos pagan por
cruzar el Estrecho, tendrán que darle más vueltas a la
fórmula para conseguir su propósito. La Comisión Nacional de
la Competencia (CNC) entiende que la alternativa más
sencilla, establecer unas tarifas máximas a las navieras no
parece viable legalmente “con arreglo a la interpretación
jurisprudencial de la normativa sectorial”.
Así se lo ha hecho saber la CNC a la Administración General
del Estado, que en febrero le solicitó un informe al
respecto, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico.
En su respuesta, la Comisión deja claro que tal medida sólo
resulta admisible “si su imposición se realiza conforme a
los principios de necesidad y proporcionalidad de cara la
consecución del objetivo que se pretende perseguir”.
Y no lo es. “La medida propuesta”, considera Competencia,
“supone una intervención en el mercado que podría reducir la
eficiencia en la asignación de recursos que se consigue
mediante el libre juego de los precios. También restringe la
competencia en la medida en que podría desincentivar la
entrada de potenciales operadores y reducir el nivel de
calidad y frecuencias del servicio, fuera de las
Obligaciones de Servicio Público (OSP) establecidas
reglamentariamente”, advierte.
“Finalmente”, concluye su dictamen, “podría constituir un
punto focal de alineamiento de los operadores en el precio
máximo, desincentivando la competencia”.
Según la Comisión Nacional “no se han detectado fallos de
mercado” en la línea marítima que hagan evidente la
necesidad de la intervención pública que se pretende ni
tampoco se ha constatado “la existencia de un objetivo de
interés público claramente definido”.
“Si la causa de los supuestos precios excesivos se encuentra
en comportamientos anticompetitivos de las empresas [hay dos
expedientes abiertos que tratan de esclarecer su
existencia], la solución a tomar en primera instancia no
reside en la fijación de tarifas máximas”, argumenta
Competencia, que recuerda que “hay otros instrumentos menos
restrictivos a plantearse como pueden ser el tratar de
reducir las barreras a la entrada que subsistan, incrementar
la presión competitiva incentivando la entrada, revisar las
obligaciones de servicio público y recurrir a los
instrumentos que ofrece la normativa de competencia”.
No obstante, la Comisión tampoco cree que si el propósito es
abaratar el servicio a los usuarios sea este el mejor
camino: “Existen otras alternativas menos distorsionadoras
de los precios que pueden estimular el uso del servicio como
los incentivos directos a la demanda”, propone el informe,
que también deja la puerta abierta a ampliar las
bonificaciones existentes al colectivo de residentes.
En todo caso, progresivo
Si las Administraciones se empeñan en perseverar en esta
medida la Comisión marca una ‘hoja de ruta’ para hacerlo:
elaborar “un análisis detallado sobre la situación de oferta
y demanda del mercado que constate la imposibilidad de
conseguir el objetivo perseguido mediante otros mecanismos”;
después, “limitar la medida a pasajeros y, en su caso,
vehículos, excluyéndose el transporte de carga rodada.
Por último, “asegurar la transparencia en cuanto a la
metodología empleada para la determinación de las tarifas
máximas” y fijar esos precios máximos en cualquiera de los
casos “a partir de una estimación fiable de los costes en
los que los operadores tienen que incurrir para prestar el
servicio”.
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