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Los adjudicatarios de las 225 VPO de Loma Colmenar que
“persistan en este tipo de obras” corren el peligro de
perder la vivienda, “porque así lo permite la normativa
vigente”. Así de tajante fue ayer el consejero de Hacienda,
Francisco Márquez, en relación con las medidas que la Ciudad
adoptará para atajar las modificaciones y ocupaciones del
espacio público que se están produciendo en esta promoción
de vivienda pública. El también presidente de Emvicesa
explicó que la ley permite a la administración “revocar las
adjudicaciones cuando se infringe la normativa en materia de
viviendas de promoción oficial” y que “está dispuesta a
llegar hasta ese extremo si no se atiende a las razones, al
sentido común, que es lo que está marcando la actuación del
Gobierno de la Ciudad”.
El consejero dejó claro y reiteró que el Gobierno de la
Ciudad “no va a permitir” que la de Loma Colmenar se
convierta “en una urbanización sin ley en la que todo el
mundo haga lo que crea que debe hacer, no se va a permitir,
y esto tienen que entenderlo los adjudicatarios”.
Aunque los gastos de demolición de elementos añadidos en las
zonas comunes corra en un principio por cuenta de Emvicesa,
cuando se instruya el correspondiente procedimiento puedan
ser imputados, aclaró Márquez, a los autores de las obras.
Los responsables de Emvicesa van a ser “especialmente
vigilantes” en esta promoción e inspeccionar “uno por uno
cada caso” con personal destacado “permanentemente” en la
zona. Además, se va a remitir un escrito a todos los vecinos
para informarles de las “consecuencias” que les pueden
acarrear la realización de obras ilegales.
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promoción de 225 VPO de emvicesA
