|
La Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la
Competencia (CNC) ha dado la razón a la Ciudad en relación
con la presunta concertación de precios por parte de las
navieras que observó a partir de la Semana Santa de 2008 y
que llevó al Ejecutivo a presentar una denuncia por la
posible vulneración de la Ley. En un informe de más de 40
páginas, la CNC recoge que las compañías se propusieron los
precios a establecer y que tomaron la decisión de igualarlas
al alza, lo que produjo subidas de entre el 0,44 y el 4,62%.
La Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la
Competencia (CNC) ha estimado la denuncia presentada por la
Ciudad Autónoma contra las compañías navieras que operan en
la línea del Estrecho por su actuación en la Semana Santa de
2008 al incrementar los precios en similares condiciones, lo
que desde la Consejería de Sanidad y Consumo se consideró
que podría tratarse de prácticas restrictivas de la
competencia prohibidas por la legislación.
Según se informó ayer desde la Ciudad, en un informe de más
de 40 páginas la Dirección de Investigación de la CNC le ha
dado la razón después de considerar que desde la Semana
Santa de 2008 hasta al menos el verano de 2009 (el periodo
estudiado) “se han extralimitado en sus comunicaciones y han
acordado tarifas de intercambio idénticas en numerosas
ocasiones”, algo que prohíbe la Ley de Defensa de la
Competencia.
Por ello, la Dirección de Investigación de la CNC ha
resuelto que todas las compañías que operan en la línea,
esto es Buquebús, su filial Euromaroc 2000, y la empresa
matriz de ambas, Eurolíneas Marítimas por un lado;
Euroferrys y Trasmediterránea por otro, y por último, FRS,
han incurrido en una infracción tipificada en el citado
artículo de la ley. Del mismo modo, se considera que las
seis empresas (tres a efectos prácticos y cinco navieras)
han incumplido las condiciones recogidas en los fundamentos
de derecho de la autorización singular otorgada a Buquebús,
Trasmediterránea y Euroferrys el 30 de mayo de 2006 por un
periodo de 3 años, renovables por el extinto Tribunal de
Defensa de la Competencia para poner en marcha un sistema de
interlineado o intercambio de billetes.
En el denominado ‘Pliego de Prescripción de Hechos’
realizado por la Dirección de Investigación de la CNC se
considera demostrado que las navieras pactaron en varias
ocasiones todos los precios que aplican por sus servicios,
es decir, “distinguiendo residente y no residente, adulto y
menor, turista y club, todo tipo de vehículos, en euros y en
dírhams, y desglosando la tarifa o precio de venta, el gasto
comercial (12%, igual para todas las navieras) y la tarifa
de intercambio, importe neto a facturar entre ellas”.
Según revela la resolución, en Semana Santa de 2008 las
compañías se propusieron los precios. “Cada una hizo su
propuesta -señalan desde la Ciudad-, pero finalmente tomaron
la decisión de igualar al alza las tarifas, lo que se
tradujo en el caso de los pasajeros en subidas de entre un
0,44 y un 4,62 por ciento en comparación con los precios que
cada una de ellas había propuesto en una primera fase”. La
concertación volvió a realizarse tanto en verano de ese
mismo año (cuando entró a operar FRS), incrementando de
nuevo las tarifas pactadas en Semana Santa, como en el mismo
periodo de 2009, con una nueva subida.
La autorización singular del extinto TDC daba luz verde al
intercambio de billetes entre las compañías, de manera
general durante la Operación Paso del Estrecho (OPE) y de
modo más restrictivo durante el resto del año, lo que a
efectos prácticos eximía a las navieras de la aplicación del
artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (la
16/1989 hasta el 31 de agosto de 2007 y la 15/2007 a partir
del 1 de septiembre de ese año). Lo hacía atendiendo a las
singularidades de la línea, entre las cuales figuraban, tal
como recuerda el Ejecutivo, la seguridad, problemas de
índole social y orden público o las pérdidas de tiempo para
los usuarios, pero en opinión de la Dirección de
Investigación de la CNC se han vulnerado los fundamentos
jurídicos de la norma. “Esta autorización permitía -apunta
la Ciudad- que se fijaran las tarifas netas de cada naviera,
resultantes de la diferencia entre los precios de venta y
los costes de comercialización y su posterior comunicación
al resto de navieras, pero no el alineamiento a las tarifas
netas de los competidores, ni el intercambio de información
sobre gastos comerciales o precios de venta al público”.
Además, el reglamento establecido en la autorización
señalaba que la liquidación habría de hacerse a través de
una Cámara de Compensación que organizaran las propias
empresas, algo que tampoco han hecho, según la resolución de
Dirección de Investigación de la Comisión.
Este diario trató ayer de recabar la opinión de las
navieras, sin que fuera posible localizar a los portavoces
de FRS y Acciona. Por su parte, desde el departamento de
comunicación de Baleària se afirmó no tener aún constancia
de la resolución, por lo que no hubo pronunciamiento.
|
|
Las empresas tienen 15 días para presentar alegaciones
Las compañías a las que la CNC ha
investigado (Buquebús -ahora Baleària-, Euroferrys, Acciona
y FRS) cuentan con un plazo quince días hábiles a contar a
partir del momento de la recepción de la notificación (desde
el Ejecutivo se informó de que la Ciudad la recibido hace
unos días) para presentar sus alegaciones y solicitar la
práctica de las pruebas que consideren pertinentes. Por su
actuación, las compañías pueden ser sancionadas
económicamente, en los términos previstos en el artículo 63
de la Ley de Defensa de la Competencia, si así lo resuelve,
una vez que finalice la tramitación del expediente, el
órgano competente, que es el Consejo de la propia Comisión
Nacional de la Competencia (CNC).
|
TRANSPORTE MARÍTIMO
