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La Asociación San Urbano de la Policía Local recoge fondos
para ser destinados a asumir los costes que la defensa
jurídica necesitará para elevar un proceso de indulto para
los dos policías locales a los que el Tribunal Supremo los
condenó por unos hechos que les apartará del servicio y de
su condición de funcionarios.
Cabe un posible recurso de amparo al Tribunal Constitucional
tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que aparta
a dos policías locales de ejercer su profesión durante los
próximos 8 años, situación que le acarrearía la pérdida de
la condición de funcionarios. Pero no sería una vía rápida
ésta, así que aunque no se descarte, los grandes esfuerzos
se dedicarán a lograr “si no el indulto total, sí uno
parcial” que pueda reducir los años de inhabilitación y de
este modo no perder la condición de funcionario.
Ya han habido precedentes en casos sucedidos con seis
agentes de la Local de Vigo y con algunos más en Sevilla.
Precisamente, varias jefaturas de policía local han
contactado con Ceuta para ofrecerse en la ayuda a sus
compañeros, lo que ha supuesto una corriente de ánimo
importante para el entorno tanto de los policías ceutíes
afectados, como a los que a su alrededor se han constituido
como una pequeña plataforma que operarán a través de la
Asociación San Urbano.
Los sindicatos se han unido en torno a la asociación para
aunar esfuerzos. Algunos representantes sindicales viajarán
esta semana a Sevilla para conocer exactamente el reciente
proceso que concluyó con un indulto parcial a algún policía
local de la capital hispalense. Indulto parcial que rebajó
la condena de 8 años de inhabilitación a sólo 2, lo que
supuso que no perdieran finalmente la condición de
funcionario.
En estos momentos, según algunos miembros de la Asociación
San Urbano la unión en la Jefatura de la Policía Local es
absoluta. Se han aportado fondos tanto de la propia
asociación como de la colecta que se ha producido para
asumir costes destinados a la representación jurídica que en
Madrid llevará el asunto de los dos policías locales. El
abogado Marcos García Montes podría ser uno de los elegidos
por la asociación para asumir la defensa y la petición de
indulto.
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MORALMENTE INJUSTA 
