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La iniciativa de compra de las cuatro grandes bolsas de
suelo del Brull, Maestranza de Obras, Fiscer y Fuentes Pila,
que suman una superficie de 171.101 metros cuadrados, ha
sido valorada por la Ciudad Autónoma, “siguiendo las
especificaciones de la vigente Ley del Suelo”, en 29.155.334
euros. La intención del Ejecutivo, tal como se ha hecho
constar en el documento redactado por las consejerías de
Fomento y Hacienda para presentar la propuesta a Defensa, es
llevar a cabo una operación “viable económicamente y con el
nivel mínimo de coste en términos financieros para la
Administración de la la Ciudad Autónoma”.
Los objetivos planteados por la Ciudad podrían alcanzarse,
según sus cálculos, en una proyección de plazos “posibles y
deseables” para la materialización de los acuerdos que van
del cuarto trimestre del presente año hasta 2013.Los fondos
necesarios para la adquisición de los terrenos se lograrán
mediante dos tipos de operaciones financieras distintas,
contrato de crédito para el Brull e hipoteca bancaria en el
resto de casos.
Desembolso del 25%
Para el Brull, al tratarse de un suelo de intervención
directa, (urbano residencial según la modificación del Plan
General de Ordenación Urbana a punto de aprobarse), su
adquisición se realizaría mediante contrato de crédito que
supondría “el desembolso inicial del 25% del importe y la
liquidación del crédito total una vez transmitidas mediante
licitación las fincas resultantes de la intervención”.
La compra del cuartel de la Maestranza, para cuyo uso no es
necesaria transformación urbanística, requiere por su parte
de un crédito financiero amortizable en parte con la
transmisión de la parcela residencial de este ámbito,
mientras que el resto de la inversión se recuperaría
mediante los reembolsos fiscales del conjunto de la
operación.
En cuanto a los acuartelamientos Fiscer y Fuentes Pila y
aunque “diferida en el tiempo”, la financiación de su compra
por parte de la Ciudad Autónoma se efectuaría también a
través de los instrumentos financieros habituales y con la
previsión de los retornos correspondientes por la posterior
transmisión de los suelos residenciales para la promoción de
vivienda protegida, así como los frutos de la recaudación
fiscal aplicable a las operaciones urbanísticas previstas.
En lo que se refiere a las gestiones administrativas y
urbanísticas que es necesario acometer en cada uno de los
casos, el del Brull es el que se encuentra más avanzado. El
suelo de este cuartel, ya desafectado de Defensa, está a
punto de calificarse como urbano residencial, aunque
pertenece a la Gerencia de Infraestructuras de Defensa (GIED),
por lo que se hace necesario la firma de un convenio entre
las dos administraciones para la transmisión de la
propiedad, asunto que ya se ha tratado entre el Ejecutivo
local y este organismo.
En lo que respecta a la Maestranza, también sin
requerimientos de transformación en cuanto a los usos
urbanísticos previstos en el actual Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU), es necesaria su previa
desafectación al servicio de la Defensa y su incorporación
al patrimonio de la GIED para posibilitar, como en el caso
del Brull, su transmisión a la Ciudad. Con posterioridad, se
procedería a una segregación de fincas cuya finalidad es la
cesión de la parte dotacional al ministerio para que
construya el nuevo Palacio de Justicia.
Para el Fiscer y Fuentes Pila el uso definido en la
actualidad es de Defensa, por lo que ha de declarse
“innecesario”, desafectarlo e incorporarlo al patrimonio de
la GIED para que lo venda a la Ciudad. Su redefinición
urbanística se haría mediante modificación puntual o
incluyéndolo en la revisión del PGOU en marcha.
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URBANISMO
