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PP y PSOE acordaron ayer en Junta de Portavoces, con la
abstención de UDCE-IU, recuperar los trabajos de reforma del
Estatuto de Autonomía vigente al margen de la Comisión de
Presidencia que se encargó de ellos entre 2004 y 2006. Ahora
serán los Populares quienes asuman la tarea de completar un
proyecto definitivo que trasladarán al PSOE. Cuando ambos
lleguen a un acuerdo lo harán llegar a UDCE-IU para recoger
sus sugerencias. Si se pasa el trámite llegará a Pleno y,
finalmente, a las Cortes, a ser posible antes de que termine
la legislatura actual. El gran reto pendiente, asegurar una
inversión estatal anual mínima.
La Junta de Portavoces decidió ayer desactivar a las bravas
la pachorra con la que avanzaban los trabajos de la Comisión
Informativa de Presidencia encargada desde 2004 de redactar
un nuevo Estatuto de Autonomía para convertir a Ceuta en
Comunidad Autónoma. A tal efecto, y con los votos a favor
del PP y el PSOE y la abstención de UDCE-IU se decidió que
sean los Populares en solitario quienes asuman la tarea de
completar un borrador definitivo. Después, y de acuerdo con
lo pactado en febrero de 2007 con el por aquel entonces
ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, el PP
se pondrá en contacto con el PSOE para intentar llegar a un
consenso primigenio. Acto seguido, explicó ayer el
presidente Vivas, el borrador llegará a las manos del primer
grupo de la oposición en la Asamblea para que este “aporte
sus sugerencias”.
“El PP asume el papel de ponente para, con todos los
trabajos evacuados en la Comisión, elaborar una propuesta de
reforma que será sometida a la consideración del PSOE para
consensuarla y, posteriormente, llevarla a la Comisión de
Presidencia para que UDCE-IU aporte sus sugerencias antes de
llevar el texto al Pleno”, resumió el presidente el trabajo
por delante, sobre cuya conclusión eludió marcarse plazos:
“No queremos fijarnos una fecha, aunque tenemos la voluntad
política de hacerlo cuanto antes”, apuntó el presidente, que
apurado por los medios terminó asumiendo como “horizonte
temporal válido” el que “antes de que termine la actual
legislatura de las Cortes Generales [en la primavera de
2012] esto esté solucionado”.
“Hemos cumplido el compromiso que adquirí en el último
Debate sobre el Estado de la Ciudad para reactivar los
trabajos de renovación del vigente Estatuto”, dijo el líder
del Ejecutivo al término de la reunión, que no se prolongó
más allá de diez minutos, en la que se pactó “aprovechar”
las consultas a expertos que se efectuaron en 2005 y 2006,
por lo que Vivas redujo el trabajo pendiente a una
“elemental labor de actualización de las posibles
modificaciones que se deriven de los dos años que han
transcurrido desde que se cerró el último borrador”.
Dicho trabajo consistirá, básicamente, en la transposición
al texto del nuevo Estatuto ceutí de las prescripciones que
sobre la inversión estatal han incluido en los suyos
regiones como Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana,
informaron fuentes de la Comisión.
Literalmente, el nuevo texto catalán establece, por ejemplo,
que la inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras,
excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se
equiparará al PIB de Cataluña con relación al del Estado
para un período de 7 años. “La inversión destinada a
Andalucía será equivalente al peso de la población andaluza
sobre el conjunto del Estado para un período de siete años”,
reza el texto de la región vecina.
El modelo valenciano
La Comunidad Valenciana optó por un texto menos concreto que
establece que “al fijar las transferencias para inversiones
se tendrá en cuenta, en la forma progresiva que se acuerde,
la conveniencia de equiparar los niveles de servicios en
todo el territorio del Estado, estableciéndose, en su caso,
las transferencias necesarias para el funcionamiento de los
servicios” y que “la financiación a la que se refiere este
apartado tendrá en cuenta las aportaciones que se realicen a
la Generalitat, partiendo del Fondo de Compensación al que
se refiere el artículo 158 de la Constitución, así como la
acción inversora del Estado en la Comunitat Valenciana que
no sea aplicación de dicho fondo”.
“Se trata de encontrar una fórmula que, atendiendo a las
particularidades de la ciudad, fije un rango de
participación de Ceuta fijando un porcentaje sobre la
inversión total anual del Estado o sobre los Presupuestos
Generales”, se explicó sobre los posibles añadidos a un
texto, el que el PP presentó en diciembre de 2006, que ya
exigía en su Disposición Adicional IV al Estado que compense
“de manera suficiente” a Ceuta por los gastos que origina el
hecho fronterizo.
Además, en la Disposición Transitoria III del último
Anteproyecto presentado por el PP se pedía al Gobierno
central el sostenimiento de los servicios transferidos no
totalmente financiados.
A lo que sí ha renunciado el PP, según confirmaron dos de
sus principales responsables, es a reivindicar, como se
había especulado hace dos años, el pago de una ‘deuda
histórica’ a la ciudad en términos similares a los de
Andalucía o Extremadura.
Ese era uno de los grandes escollos entre los dos partidos
principales en el Estado. No obstante quedarían otros en los
que PP y PSOE habían discrepado con Palomo al frente de los
socialistas como la posibilidad de que la Asamblea ceutí
pueda designar un tercer senador, el ‘blindaje’ de la
“suficiencia financiera” de la Administración local, que el
borrador deja en manos del Estado, o la situación del REF
local, que los Populares pretenden acabar convirtiendo en
una única norma legal.
Sí se estaba de acuerdo en puntos como la separación de la
figura del presidente de la Ciudad y de la Asamblea o en la
posibilidad de que la Asamblea pueda interponer recursos de
inconstitucionalidad o conflictos de competencias.
Con UDCE-IU se alcanzó a finales de 2006 un principio de
acuerdo sobre una de sus principales reivindicaciones, la
del reconocimiento explícito de la pluralidad lingüística y
cultural de la sociedad ceutí, que pasaba por considerar
“objetivo básico” de la Asamblea “apreciar como valor
singular de la riqueza cultural de Ceuta, las peculiaridades
lingüísticas de las comunidades musulmana, israelita e
hindú, respectivamente manifestadas a través del comúnmente
denominado ‘dariya’, ‘jaquetía’ y ‘sindhi”, aunque los de
Ali prefieren que en lugar del nombre del dialecto marroquí
se utilice el de “árabe ceutí”.
El primer grupo de la oposición también es partidario de “no
limitarse” en lo que a la posibilidad de asumir competencias
como las educativas o las sanitarias, para las que el PP
proponía la creación de “Comisiones paritarias y
específicas” para “asegurar la participación directa y
estable del Gobierno de Ceuta” en su gestión.
Ali: “No hay voluntad”
Nada más terminar la cumbre de ayer Ali puso en tela de
juicio que exista una “voluntad real” de los dos partidos de
implantación nacional para completar la reforma del Estatuto
vigente. Carracao tiene previsto verse el día 22 con su
homólogo melillense y la secretaria federal de Política
Autonómica del PSOE, Mar Moreno, para cerrar una posición
común al respecto.
“Deja mucho que desear acudir a una Junta que había creado
grandes expectativas para decirnos lo sabido y no marcar
ningún plazo, aunque nuestra disposición a trabajar sigue
siendo la misma”, dijo.
Por su parte la portavoz del Grupo Socialista, Inmaculada
Ramírez, se congratuló por la recuperación de los trabajos
sobre el nuevo Estatuto y coincidió en el deseo de que
avancen “lo más rápidamente posible”.
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reformar el estatuto de autonomía de
1995
