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Que Ceuta alcance, como piden todos los partidos, un estatus
singular dentro de la UE que le permita recibir fondos
especiales por sus peculiaridades geopolíticas depende en
buena medida de lo que digan los irlandeses en el referéndum
que celebrarán el próximo otoño para ratificar el Tratado de
Lisboa, que en su artículo 174 sí prevé una atención
específica para regiones como Ceuta. Con el de Amsterdam
parece “inviable”, según la representación española en la
Comisión Europea.
Ceuta está algo más cerca que hace un mes de tener un
estatus especial en la Unión Europea. El pasado 6 de mayo el
Senado checo aprobó por una cómoda mayoría de 54 votos a 20,
con cinco abstenciones, el Tratado de Lisboa, que en otoño
se enfrentará a su último gran obstáculo: su aceptación en
referéndum por Irlanda, que ya lo rechazó en junio del año
pasado. España ya lo hizo en julio del año pasado de forma
definitiva con el apoyo de todos los partidos excepto
Esquerra Republicana (ERC) y el BNG.
La trascendencia de la historia está en que mientras los 27
Estados de la Unión Europea no ratifiquen este texto la
ciudad autónoma seguirá teniendo prácticamente imposible
acceder a ese régimen especial que todos los partidos
políticos ceutíes coinciden en demandar para ella.
La clave, según han explicado fuentes de la representación
española en la Comisión Europea a este periódico, está en el
artículo 174 del mencionado Tratado, que literalmente dice
así: “A fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto
de la Unión, ésta desarrollará y proseguirá su acción
encaminada a reforzar su cohesión económica, social y
territorial”.
“La Unión”, prosigue, “se propondrá, en particular, reducir
las diferencias entre los niveles de desarrollo de las
diversas regiones y el retraso de las regiones menos
favorecidas”. Para terminar, este apartado, el primero del
Título XVIII, relativo a la ‘Cohesión económica, social y
territorial’, incluye un nuevo párrafo: “Entre las regiones
afectadas se prestará especial atención a las zonas rurales,
a las zonas afectadas por una transición industrial y a las
regiones que padecen desventajas naturales o demográficas
graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones más
septentrionales con una escasa densidad de población y las
regiones insulares, transfronterizas y de montaña”.
“Esta nueva redacción responde al hecho de que, gracias al
Tratado de Lisboa, la dimensión territorial constituye el
nuevo elemento de la cohesión europea”, advierte el Consejo
Social y Económico Europeo (CESE, en sus siglas en inglés),
que considera que “este reconocimiento pone de relieve la
voluntad de la Unión Europea de tener en cuenta todas las
realidades de su territorio, voluntad que se concreta en
dicho artículo”.
Además, el CESE cree que con esta nueva redacción la UE
“está mirando más allá de las puras estadísticas económicas
para considerar también la evidente realidad geográfica del
territorio y los consiguientes puntos vulnerables que
podrían amenazar seriamente a la cohesión económica y
social”.
Según las fuentes consultadas la aspiración ceutí de obtener
un tratamiento “similar” al de una región ultraperiférica,
algo que propone el PP en su conjunto de promesas
electorales específico para la ciudad, con el Tratado de
Amsterdam vigente es actualmente “inviable”, pues este sólo
considera que pueden gozar de tal estatus “las regiones
ultraperiféricas (RUP, Canarias, Azores, Madeira Guadalupe,
Guayana, Martinica y Reunión]”.
A través de su artículo 299 la Unión Europea reconoció la
especificidad de estos territorios “y la necesidad de
adaptar las políticas comunitarias a sus realidades y a sus
particularidades”, lo que les permitió beneficiarse de los
programas del Objetivo 1 cofinanciados por los Estados y la
UE entre 1989 y 1999, y de otros concebidos específicamente
para ellas: POSEIDOM, POSEICAN y POSEIMA.
“Actualmente”, apuntan desde la representación española en
la Comisión Europea, “no existe otra categoría más allá de
la de ultraperiféricas para dar a ninguna región un
tratamiento especial, aunque durante unos años, ante la
última ampliación, las regiones fronterizas con los países
entrantes también pudieron beneficiarse de fondos
especialmente dirigidos a ellas”.
Hasta la fecha las dos ciudades autónomas se han podido
beneficiar también de parte de los 212 millones de euros
presupuestados en España dentro de la iniciativa de
“cooperación transfronteriza” Interreg III A (con
Marruecos), aunque Melilla sólo recibió un 3% de dichos
fondos y Ceuta un 5% (el resto fue a parar a Andalucía).
También estaban adscritas a Interreg III B y C.
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