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Ningún ceutí ha recurrido aún al Defensor del Pueblo
Europeo, Nikiforos Diamandouros, que recientemente ha
solicitado a la Comisión Europea una reforma de la
legislación sobre contratación pública y acceso a los
documentos con el fin de dar el mayor acceso posible a los
ciudadanos y a las instituciones estatales interesadas, para
hacerle llegar alguna queja sobre el comportamiento de las
instituciones de la Unión según el archivo de las
resoluciones que ha tramitado, vinculadas a trato desigual,
discriminación, abuso de poder, falta de transparencia,
retrasos innecesarios o infracción a los procedimientos.
UPyD plantea en su programa electoral promover la figura del
Ombudsman para que “todos los ciudadanos” puedan recurrir a
él directamente. Los españoles son, a pesar de todo, los
ciudadanos europeos que presentan un mayor número de quejas,
centradas en aspectos de impacto medioambiental y en
problemas vinculados a la llegada de inmigrantes.
Desde 1995, el Defensor del Pueblo Europeo investiga los
casos alegados de mala administración en la acción de las
instituciones y órganos comunitarios, es decir, la Comisión
Europea, el Consejo de la Unión Europea, el Parlamento
Europeo, etcétera. El Defensor del Pueblo actúa con total
independencia y no admite instrucciones de ningún Gobierno
ni organismo.
Más quejas a Múgica
Sin embargo los ceutíes sí recurren, y cada vez más, al
Defensor del Pueblo Español. Sus reclamaciones crecieron el
año pasado un 88,7% con respecto a 2007, pasando de 53 a un
centenar. En Melilla descendieron un 1,8%, de 109 a 107.
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO
