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El nuevo Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma no dejará márgenes para la picaresca con la que
hasta la fecha se movían algunas entidades. El caso del
Consejo de la Juventud de Ceuta (CJCE) y su repercusión
pública ha llevado al Ejecutivo ceutí a acelerar los pasos
para retocar el aprobado hace cinco años, justo después de
que se aprobase la Ley e incluso antes, según recordó ayer
el consejero de Hacienda, Francisco Márquez, de que se
desarrollase el Reglamento nacional.
De entrada, tal y como estaba anunciado, la Ciudad suprimirá
el controvertido apartado e) del artículo 7 del Reglamento
vigente, que sólo exige a los beneficiarios de ayudas
“hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias para
con la Ciudad de Ceuta, como requisito previo antes del
otorgamiento de la subvención” y pasará a demandar estar al
día del pago de las obligaciones tributarias “con todas las
Administraciones”.
Además, impondrá que dicho requisito se exija tanto en el
momento en que se conceda la subvención como en el momento
del pago, instantes que no suelen coincidir, lo que daba pie
a que algunas entidades utilizasen el margen entre ambas
fechas para subsanar sus deudas y no dejar de percibir
subvenciones del Palacio autonómico.
Además, a partir de ahora todas aquellas entidades que
reciban ayudas por un montante superior a 100.000 euros
anuales tendrán “la obligación” de someterse a una auditoría
externa, tal y como ya tienen que hacerlo, por ejemplo, las
sociedades públicas. Este requisito recaerá sobre
asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro como FEAPS,
Cruz Blanca o la Asociación Deportiva Ceuta, algunas de las
que reciben las aportaciones públicas de mayor cuantía.
El coste de dicha auditoría tendrá que ser asumido por las
propias entidades.
“Prevenir” y “perfeccionar”
“Los últimos acontecimientos hacían necesaria una reflexión
porque el Reglamento vigente se aprobó hace sólo cinco años,
mientras se terminaba el nacional, y había puntos que se
podían haber redactado mejor”, asumió Márquez, quien recordó
que el propio Consejo de Gobierno tomó la iniciativa de
estudiar una modificación del Reglamento local nada más
tener conocimiento de lo sucedido en el CJCE con un doble
propósito: “Perfeccionar” el sistema y “prevenir” actitudes
como las detectadas.
En cualquier caso, el consejero dijo tener la convicción de
que la actuación del Ejecutivo local, a instancias de cuyo
presidente, Juan Vivas, se promueve la reforma, no ha sido
“incorrecta”. “Todo es perceptible de una forma u otra y
cada uno puede tener su opinión”, admitió Márquez, quien
resaltó que en ningún momento hubo “dolo” por parte de la
Ciudad a la hora de conceder las subvenciones otorgadas al
Consejo, por lo que previó que la investigación abierta por
la Fiscalía en relación con una presunta prevaricación de
las consejeras implicadas no tendrá futuro alguno.
Además, el nuevo Reglamento, que será sometido a la
consideración del Pleno pasado mañana para proceder a su
aprobación inicial, exigirá de todas las entidades que
reciban ayudas de la Ciudad que tengan a disposición de esta
sus libros de contabilidad y una relación exhaustiva y
actualizada del personal a su cargo y sus funciones, entre
otra documentación.
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PLAN PREVER
