El informe médico pericial aportado por la acusación
particular ha constatado, según la procuradora que lleva la
causa, la “mala praxis” detectada en la atención prestada a
los dos recién nacidos.
Los hechos se produjeron el 30 de diciembre de 2006 cuando
la madre de los neonatos acudió al hospital del INGESA por
un dolor abdominal; en urgencias se comprobó la existencia
de una dilatación completa y la inminencia del parto, siendo
la edad gestacional de los fetos dudosa, entre las 24 y 27
semanas.
Según explica el escrito de la procuradora, el equipo médico
de guardia decidió no tomar medidas de reanimación ni de
soporte de los recién nacidos con anterioridad a su
nacimiento, manteniendo la misma actitud una vez nacidos,
sin precisar reanimación profunda cuando los neonatos
mostraron signos evidentes de vitalidad. A pesar de la
extrema prematuridad, no se encontraba presente en el
paritorio un pediatra-neonatólogo capaz de valorar la
viabilidad de los recién nacidos y proceder a su reanimación
y estabilización, es decir, mantenerlos con vida, expresa el
informe.
Ambos niños nacieron vivos con un peso de entre 450 y 500
gramos y una “aceptable viabilidad”, permaneciendo vivos
durante diez horas el primer gemelo y durante 17 horas la
segunda gemela, a pesar de no recibir ningún tipo de
asistencia: oxígeno, control de la temperaturas líquidos ni
glucosa. Tal y como informó en el momento de los hechos el
letrado de la acusación particular, durante el tiempo que
vivieron los bebés, sus familiares comprobaron que los niños
tenían una aceptable vitalidad ya que se movían, lloraban e
incluso llegaron a “agarrar” un dedo de la mano de un
adulto. La última parte del documento elaborado por la
procuradora argumenta que existe un consenso internacional
entre los neonatólogos para reanimar y tratar a los recién
nacidos de más de 23 semanas de gestación comprobadas y que
muestren signos de vitalidad semejantes a los que mostraron
estos niños.
“A la vista de este nuevo informe de la especialista de
Pediatría y Neonatología junto al ya aportado por el
especialista en Neuropediatría, se está en condiciones de
demostrar la relación de causalidad entre la ausencia de
tratamiento y el óbito de los dos gemelos prematuros”. Según
manifiestó el letrado del caso de los neonatos, “estamos
ante la falta de especialidad de los médicos que atendieron
a los bebés y que han cometido el delito previsto en el
artículo 196 del Código Penal que castiga con penas de 6
meses a 3 años la inhabilitación para empleo, cargo público,
profesión u oficio”.
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