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La decisión de UDCE-IU de poner en manos de la Fiscalía esta
misma semana o como muy tarde la próxima la documentación
sobre la gestión del Consejo a la que ha tenido acceso
Jóvenes Demócratas a través de la Gestora es un arma de
doble filo. Según explicó ayer Mohamed Ali su intención con
esta iniciativa no pasa sólo por aclarar cuánto, cómo y
dónde se gastó el dinero público que recibió el CJCE durante
los últimos años, sino también esclarecer la responsabilidad
de la Ciudad Autónoma por haber entregado subvenciones a un
organismo que acumulaba impagos con la Seguridad Social,
algo expresamente prohibido por la Ley de Subvenciones.
“El argumento utilizado por la Ciudad Autónoma para
justificar la legalidad de esas transferencias a espaldas de
lo que dice la Ley amparándose en que el Reglamento local
sólo pide estar al corriente de los pagos con la
Administración local es erróneo”, señaló Ali, quien se
preguntó si es necesario “recordar” al Gobierno ceutí y al
Partido Popular “que el Reglamento de Subvenciones de la
Ciudad desarrolla, pero no deroga la Ley”.
“Excusa sin fundamento”
“Se trata de una excusa sin ningún fundamento”, completó
Ali, quien dijo que su partido “discrepa” de que en el
Palacio autonómico no exista ninguna responsabilidad en
relación con lo ocurrido en el seno del Consejo en materia
económica durante los últimos años.
“Si se han dado subvenciones a sabiendas de que no se podía
hacer podríamos estar hablando de un delito de malversación
o de prevaricación”, apuntó el político a preguntas de los
periodistas sobre cuál podría ser la tipificación de las
irregularidades que se podrían haber cometido por parte de
la Administración local.
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primer
encuentro de vivas con la gestora del
cjce
