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El sorprendente paso a un lado que ayer dio Nuevas
Generaciones anunciando que retiraba su aval y su apoyo a
Damián Castañeda para encabezar una nueva Permanente del
Consejo de la Juventud fue el primer indicio del camino a la
perdición que parece haber emprendido el organismo. Por la
tarde Vivas comunicó a la Gestora que la Ciudad aún tenía
muchas dudas sobre cómo salvar económicamente el Consejo.
Fuentes del Palacio autonómico aseguraron a este periódico
que la decisión es más profunda: no se adoptarán más
compromisos económicos “velando por el interés público”,
aunque sí se baraja que la Administración se haga cargo de
los servicios que ofrecía el CJCE, al que sólo un milagro
parece poder salvar de la disolución, pues a los juzgados es
seguro que llegará.
El Consejo de la Juventud de Ceuta (CJCE) está desde ayer
más cerca de la disolución que de cualquier otra cosa. La
Ciudad Autónoma, que en un principio creyó que la cosa podía
no ser más que una pequeña distracción de fondos causada por
la actitud irresponsable de la Comisión Permanente que ha
llevado sus riendas desde hace cinco años, ha tomado
conciencia del mayúsculo problema al que se enfrenta el
organismo y no tiene la intención de rescatarlo aportando
dinero público.
Así lo confirmaron ayer fuentes de toda solvencia que
descartaron que se baraje aún la posibilidad de avalar de
alguna forma el crédito que la Gestora del Consejo pensaba
solicitar cuando al frente del mismo estuviese una nueva
Permanente para evitar un suma y sigue de recargos de
Hacienda y la Seguridad Social que dispararían la deuda en
6.000 euros mensuales. “La Ciudad se considera la primera
damnificada por la situación creada”, aseguraron ayer desde
el Ejecutivo local, que prefirió no comparecer formalmente
después de la primera entrevista personal de Juan Vivas con
la Gestora al completo.
En dicha reunión el presidente trasladó a sus integrantes
que la Administración necesitaba más tiempo para evaluar su
capacidad de respuesta a la deuda, que según los cálculos de
la Gestora supera los 50.000 euros, y les citó a un nuevo
encuentro el próximo miércoles.
“El presidente nos ha solicitado una semana más de tiempo
para concretar las soluciones porque los trámites legales
requieren de más tiempo”, explicó el presidente de la
Comisión, Óscar Pérez, a los medios de comunicación al
término del encuentro.
A la vista de los nuevos plazos establecidos la Gestora
decidió suspender la Asamblea Extraordinaria que, saltándose
los tiempos establecidos en sus reglamentos internos, había
convocado para este próximo viernes a las 17.00 horas.
Fuentes de la Gestora explicaron a este periódico que sin el
respaldo garantizado de la Ciudad para pedir por la vía
rápida un crédito que permitiese cubrir de inmediato los
impagos a Hacienda y a la Seguridad Social ya no tenía
sentido dicho regate aunque hubiera sido consensuado por
todas las asociaciones juveniles. Así las cosas, la nueva
fecha para la convocatoria sería el sábado 2 de mayo a la
vista de que el viernes es festivo.
De cualquier forma, el panorama puede cambiar drásticamente
de aquí a entonces. Sobre todo porque el líder de la
oposición en la Asamblea, Mohamed Ali (UDCE-IU), decidió
ayer por fin asumir la legitimidad que confiere a su partido
y a la organización juvenil a él vinculada, Jóvenes
Demócratas (JJDD), el ser la primera que denunció las
supuestas malas artes de la dirección que encabezaba Mariam
Mohamed y anunció que en los próximos días, a más tardar la
semana que viene, llevará el asunto a la Fiscalía.
A última hora de la tarde de ayer la Gestora, o al menos
algunos de sus miembros, como Alternativa 21, aseguraron
estar convencidos de que lo mejor es no esperar más y seguir
el camino de UDCE, incluso yendo de su mano.
“Defender el interés público”
Mientras revisa toda la documentación que hace dos semanas
le entregó por Registro Mariam Mohamed, que ayer solicitó
por esta misma vía una cita con Vivas y Chandiramani, la
Ciudad sólo tiene claro que no dará un paso en falso. “La
prioridad es defender el interés público, que pasa por no
asumir más desembolsos o compromisos de los ya tomados”, se
explicó desde el Palacio autonómico, donde se baraja asumir
directamente los servicios que hasta ahora prestaba el
Consejo si este llegara a un más que previsible colapso en
forma de disolución.
Cuando termine de analizar las justificaciones de gasto
aportadas por Mohamed se tomará una decisión sobre si el
Ejecutivo se personará o no en una posible causa contra la
Permanente anterior.
Todas las fuentes consultadas ayer coincidieron, eso sí, en
que en caso de hacerlo la respuesta ante los Tribunales
sobre la gestión realizada no recaería sólo sobre las
espaldas de Mohamed por mucha carta asumiendo toda la
responsabilidad “civil y penal” que firmase. “El Consejo ha
estado dirigido por una Comisión Permanente que, como órgano
colegiado, es responsable de esta misma forma de lo que ha
hecho”, señalaron dos letrados consultados que resaltaron
que “nadie puede erigirse en el papel de Papa Noel y decir
que toda la culpa es suya”.
El presidente de la Gestora, Óscar Pérez, explicó ayer que
la Comisión aún no dispone de abogado de oficio para dirigir
sus acciones, aunque reconoció que todos los pasos que le
quedan por dar sólo pueden discurrir “por la vía legal o por
la económica”.
Diferentes responsables de entidades de pleno derecho del
Consejo e incluso algunos de quienes les sucedieron en años
anteriores barajaban ayer la posibilidad de iniciar algún
tipo de campaña social de captación de fondos para “salvar”
el Consejo y sus veinticinco años de trayectoria. “Habría
que recaudar 60.000 euros, que no es nada fácil, pero aún
más complicado es coordinar una iniciativa de ese tipo con
el escasísimo margen de tiempo disponible y la deuda
creciendo mes tras mes”, lamentaron. Otros directamente
opinaron que la mejor solución puede ser la disolución como
forma de hacer “borrón y cuenta nueva”.
Dicha salida no supondría, en cualquier caso, que las deudas
desaparecieran. “Aquí hay muchas personas que se están
jugando su patrimonio, si es que lo tienen”, advirtió desde
la Asamblea una de las personas que más de cerca ha seguido
la evolución del caso. Un juez deberá decidir quién o
quiénes, tarde o temprano, tendrá que cubrirlas.
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primer
encuentro de vivas con la gestora del
cjce
