El Gobierno de Ceuta presentó ayer una de las iniciativas
“más importantes, de mayor calado y más ambiciosas” de los
últimos años, su propuesta de reforma del Régimen Económico
y Fiscal (REF) especial de Ceuta y Melilla para atraer
inversión productiva mediante la ampliación de las
bonificaciones fiscales vigentes y la aplicación de otras
medidas económicas que se llevarán a las Cortes mediante una
iniciativa legislativa.
Los consejeros de Economía y Hacienda, Guillermo Martínez y
Francisco Márquez, presentaron ayer formalmente la propuesta
de reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) especial de
Ceuta y Melilla que pretenden elevar a las Cortes Generales
“con el mayor consenso posible” durante los próximos meses
al objeto de, entre otras medidas, incrementar las
bonificaciones fiscales de “todas y cada una” de las figuras
impositivas del Estado. Según los cálculos de Márquez y
Martínez dicha medida supondría una inyección económica
inmediata en la ciudad de aproximadamente el 5% del Producto
Interior Bruto (PIB) regional, que supera los 1.800 millones
de euros, por lo que la Administración General dejaría de
recaudar anualmente “entre 80 y 90 millones de euros”.
“En definitiva”, explicaron los consejeros en su exposición
ante los medios, “de lo que se trata es de contribuir de
modo significativo a que el modelo de desarrollo económico
de Ceuta y Melilla encuentre una plataforma de empuje
notable tras la pérdida de la economía del bazar que se
apoyaba exclusivamente en el carácter de territorio franco;
el debilitamiento espectacular de las actividades
relacionadas con los suministros a buques; y la drástica
reducción de efectivos militares para tener una posición
competitiva en el orden económico, de calidad de vida y
cohesión en lo social”.
Márquez justificó la necesidad de plantear esta reforma
porque “el actual modelo de especificidades fiscales en
Ceuta, que data de 1860, ha dado probados síntomas de
agotamiento”. “No tenemos capacidad de atraer inversión
productiva y es nuestra responsabilidad proponer la
modificación, tal y como figuraba en el programa electoral
con el que el PP se presentó a las elecciones autonómicas de
2007 y como reclama de forma unánime el tejido
socioeconómico ceutí”, amplió antes de dejar claro que lo
solicitado “no son concesiones, sino compensaciones
amparadas en el principio de solidaridad interterritorial de
nuestro país”.
El PSOE, “imprescindible”
Los dos consejeros, que trasladarán el documento la próxima
semana a los grupos de la oposición (UDCE-IU y PSOE) y al
Consejo Económico y Social (CES) antes de mantener una
reunión con el Ejecutivo melillense para “tratar de fijar
una postura común” y posteriormente elevarlo al Gobierno
central, avanzaron que su tramitación preceptiva ante las
Cortes Generales se hará a través de una iniciativa
legislativa que ya cuenta con el respaldo del Grupo
Parlamentario Popular y que abogaron porque reciba también
el “imprescindible” apoyo del Grupo Socialista.
La reforma consta de tres bloques de medidas: fiscales, para
el sector marítimo y portuario y “genéricas”. El coste de
las primeras, que básicamente pasan por elevar del 50% al
75% las deducciones fiscales del Impuesto de Sociedades y de
la Renta, equivale a la construcción de ocho kilómetros de
autovía según el recorte en la recaudación impositiva en
Ceuta que prevé que sufriría el Estado.
Las segundas pasan por la creación de un “sistema de
compensaciones” que permita abaratar el coste efectivo del
transporte marítimo y aéreo de mercancías entre Ceuta,
Melilla y el resto del territorio nacional y por “una
ampliación de las bonificaciones de las tasas de buque,
pasaje y mercancía aplicables en los puertos de Ceuta y
Melilla” cuyo coste asuma Fomento.
Igualmente, se plantea simplificar, clarificar y
acondicionar “de modo exclusivo” al domicilio fiscal en
Ceuta y Melilla el Régimen matriculación de embarcaciones de
grandes yates “con el fin de favorecer la actividad nautico-deportiva
en ambos territorios”.
Para terminar, se insiste en instar al Estado a que pida a
Bruselas que otorgue a las dos ciudades un estatus
“equivalente” al de las regiones ultraperiféricas [Azores,
Canarias, Guadalupe, Guayana, Madeira, Martinica y Reunión].
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El proyecto da 4 años al Estado para tramitar una
‘ultraperificidad’
El proyecto de ley presentado ayer
por Márquez y Martínez insta al Gobierno de la Nación a
gestionar ante las instituciones de la Unión Europea “el
reconocimiento de un régimen, para Ceuta y Melilla,
equivalente al de región ultraperiférica, sustentado en las
especiales características de ambos territorios”. Según
detalló ayer el consejero de Economía dicho régimen debería
contemplar, “entre otras circunstancias”, la posibilidad de
acceder en las mismas condiciones que dichas regiones a los
fondos FEDER y FSE “en los ejercicios siguientes a 2013”,
así como “posibilitar la continuidad de los actuales
regímenes estatales de ayudas a las empresas”. A juicio de
la Ciudad dicho estatus está justificado “para compensar los
costes adicionales derivados de nuestra especial situación
social y económica, agravados por la extrapeninsularidad,
reducida superficie, relieve, situación fronteriza y
dependencia económica, factores cuya persistencia y
combinación perjudican gravemente el desarrollo de ambas
ciudades”.
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