Pese a no ser directamente competente en la materia el
ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, abrió ayer la
puerta a que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
decida “si las cosas siguen igual” congelar los salarios de
todos los funcionarios, tanto de la Administración General
del Estado como de la autonómica y local, que perciben más
de 30.000 euros anuales, un sumatorio en el que las fuentes
ayer consultadas creen que no computaría el plus de
residencia que perciben en Ceuta. En la ciudad, donde
trabajan más de 10.000 personas en el sector público, se
verían afectadas “entre el 30% y el 40%”, se prevé.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho,
afirmó ayer en una entrevista concedida al diario El Mundo
que el Gobierno de Rodríguez Zapatero no descarta congelar
el sueldo de los funcionarios que ganan más de 30.000 euros
anuales “si las cosas siguen igual” en 2010, una medida que
afectaría a cerca de un millón de empleados, un tercio de la
Administración. En este sentido, Corbacho recordó que el
Gobierno “empezó dando ejemplo congelando el salario de sus
ministros y sus altos cargos”, por lo que consideró
“razonable” que la Administración “camine por la vía de que
los sueldos de los altos cargos se congelen”, indicó en la
entrevista recogida por Europa Press.
Según la tabla de salarios para los funcionarios de la
Administración General del Estado una cuarta parte del total
de estos trabajadores estarían por encima del nivel salarial
establecido por Corbacho. Todas las fuentes consultadas ayer
por este periódico en ámbitos sindicales y de la
Administración elevaron el porcentaje de afectados por esta
medida en Ceuta a “entre el 30% y el 40%” de las plantillas
del sector público, tanto autonómico como estatal” de la
ciudad, que en conjunto supera los 10.000 trabajadores.
Según el último Boletín Estadístico del Personal al servicio
de las Administraciones Públicas, de julio del año pasado,
en Ceuta trabajan algo más de 8.000 funcionarios
dependientes del Estado; 1.550 de la Administración
autonómica; algo más de 400 de la local y 58 de
Universidades. En total, 10.063 trabajadores adscritos al
sector público.
Del total de funcionarios de la Administración General del
Estado 758 trabajan para instituciones sanitarias; 182, para
la Administración de Justicia; 166 están al servicio de los
distintos entes públicos. Un total de 3.359 pertenecen a las
Fuerzas Armadas y 977, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado. 2.601 personas trabajan para el resto de la
estructura pública del Estado en la ciudad autónoma.
En función de su categoría profesional 1.438 son
funcionarios de carrera; 733 se encuentran en el apartado de
Personal Laboral y 430 en el de ‘Otros’.
Todos los funcionarios
La medida afectaría tanto a los trabajadores de la
Administración General del Estado como a los de la Ciudad
Autónoma, cuyos salarios, sensiblemente superiores en
algunos casos, elevan el porcentaje de afectados en Ceuta
sobre el resto de España.
El Gobierno de José María Aznar decidió nada más llegar a La
Moncloa, en 1996, congelar los sueldos de los funcionarios
para reducir el déficit y cumplir los criterios del Tratado
de Maastricht, pero hubo tres comunidades que no lo
aceptaron y recogieron en sus presupuestos subidas
salariales para los empleados públicos: Asturias, País Vasco
y Navarra.
El Ejecutivo central recurrió esta decisión y hace tres años
el Tribunal Constitucional falló a favor del Estado
reconociendo “el indudable impacto de las retribuciones del
personal al servicio de todas las administraciones públicas
en las magnitudes macroeconómicas” y “la legitimidad
competencial de la congelación salarial” decidida por el
Gobierno central.
Actualmente, el coste total de las nóminas de los más de
tres millones de funcionarios asciende a 108.000 millones de
euros.
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El Gobierno estableció en diciembre una subida máxima del 2%
en las retribuciones a abonar a los funcionarios durante
este año
El pasado 24 de diciembre de 2009
fue publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley de
Presupuestos Generales del Estado. Esta Ley recoge las
retribuciones que han de aplicarse a los funcionarios
durante el año 2009. Las retribuciones del personal al
servicio del sector público no podrán experimentar un
incremento global superior al 2% con respecto a las del año
2008. Así mismo, experimentará un incremento del 1%, con el
objeto de lograr, progresivamente, una acomodación de las
retribuciones complementarias que permita su percepción en
catorce pagas al año, doce ordinarias y dos adicionales, una
en el mes de junio y otra en el de diciembre. En los
Presupuestos Generales del Estado para 2009, el número de
funcionarios previsto es de 585.891. De ellos, más de un 25%
estaría por encima del nivel salarial fijado por Corbacho.
Sin embargo, si, como se ha hecho en el pasado, la medida
afectara además a las administraciones autonómica y
municipal, donde se concentra la mayor parte del
funcionariado –el 56% de los trabajadores públicos son
autonómicos, el 26% municipales y el 18% centrales-, la
medida defendida por Corbacho tendría mayor alcance.
Teniendo en cuenta que los sueldos en muchas comunidades son
más altos que los de la Administración central y que, según
la Encuesta de Población Activa del último trimestre de
2008, el número de funcionarios en España supera ya los tres
millones de personas, la congelación salarial afectaría a
alrededor de un millón de trabajadores.
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