La grieta política abierta en la Asamblea por la denuncia
elevada el martes por Juan Luis Aróstegui a la Fiscalía de
Menores en relación con el centro de reforma de Punta Blanca
prolongó ayer su sima hasta el propio corazón del sindicato
que dirige. La Federación de Servicios y Administraciones
Públicas (FSAP) del mismo, al que en la sede provincial se
sitúa más cerca del PP que de la calle Fructuoso Miaja,
emitió una nota de prensa asegurando haberse enterado de la
denuncia y de su contenido a través de los medios y
mostrando su respaldo a los trabajadores, para quienes UGT
exigió ayer “pruebas” o una disculpa pública.
La Federación de Servicios y Administraciones Públicas (FSAP)
de Comisiones Obreras en Ceuta se desmarcó ayer de la
denuncia que el pasado martes elevó su secretario general,
Juan Luis Aróstegui, a la Fiscalía de Menores en relación
con presuntos maltratos a los internos en el centro de
reforma de Punta Blanca y, a través de una nota de prensa
con ocho escuetos puntos, mostró su “total apoyo” a todo el
personal del mismo “en tan complicado trabajo”.
El comunicado, que generó un hondo malestar en la sede
central del sindicato por hacer públicas diferencias que, a
su juicio, deberían solventarse por cauces internos, asegura
que FSAP-CCOO no ha recibido “en ningún momento” queja o
denuncia “de ningún tipo” por parte de los trabajadores del
centro sobre la realización de actividades “contrarias a la
ley”. “Tampoco hemos recibido por parte de ningún organismo
de CCOO información o denuncia relativa a dichas
actividades, enterándonos por los medios de comunicación
[que fue publicada el miércoles por este periódico]”, indicó
FSAP a pesar de que a este periódico le consta de forma
fehaciente que el mismo martes por la tarde varios de sus
máximos responsables conocían el contenido y la presentación
de la denuncia.
La federación señala a “alguien que se persona en la sede
provincial del sindicato” como fuente de la denuncia
presentada y lamenta que hablase con “personal del consejo
provincial y no por el conducto ordinario, que sería
comunicarlo a la sección de la Ciudad Autónoma”. “De esta
denuncia el consejo toma la decisión de poner en
conocimiento de los hechos a la Fiscalía de Menores pero no
se informa a la sección”, algo que según su versión sólo
sabe de su contenido “con posterioridad a la presentación de
la denuncia y posterior a la nota de prensa [del miércoles a
mediodía]”.
“Que lo expliquen ellos”
Por todo ello, FSAP entiende que deben ser “las personas de
CCOO que han denunciado estos hechos en los medios los que
expliquen a los trabajadores los motivos que les han llevado
a tomar esta decisión”.
El máximo responsable de CCOO en la Ciudad Autónoma, Gonzalo
Barredo, se negó ayer en declaraciones a este periódico a
avanzar si la FSAP llevará de alguna forma el asunto al
Congreso regional que el sindicato abrirá hoy a las 19.00
horas en el Hotel Ulises y que concluirá mañana con la
reelección de Juan Luis Aróstegui como secretario general de
la central.
Fuentes cercanas a este dudaron ayer de que los discrepantes
puedan aprovechar esta polémica interna como palanca para
presentar una candidatura alternativa, aunque no se descarta
que si la disputa se mantiene puedan producirse dimisiones
en la Ciudad Autónoma. “En cualquier caso”, señalaron, “este
será el momento para que los afiliados decidan si quieren un
sindicato reivindicativo o sometido, como otros, a los
dictados de terceros”.
Dicha crítica se dirigió explícitamente a UGT y CSIF, a
quienes miembros de la dirección regional de CCOO acusaron
de obviar el contenido de su denuncia movilizándose ayer en
el Pleno “al dictado del Gobierno por un puñado de
afiliaciones”. Hasta ayer Comisiones contaba con menos de
media docena de trabajadores de Punta Blanca adscritos a su
central.
Precisamente el secretario general de UGT-Ceuta, Juan Carlos
Pérez, fue ayer uno de los más duros con Comisiones ante las
puertas del Salón de Plenos, donde exigió al sindicato que
presente “ya” las pruebas de su denuncia “si es que las
tiene para no seguir manchando la imagen de los
profesionales; si es mentira, que se retracten porque se les
ha insultado gravemente”. “Hemos contactado con todos
nuestros trabajadores y nos han asegurado que todo lo dicho
es falso, que su comportamiento se ajusta a la legalidad y a
lo prescrito por el juez de Menores”, recalcó Pérez.
Desde Comisiones se limitaron a recordar a Pérez que si el
sindicato dispusiese de pruebas “no habríamos requerido a la
Fiscalía que investigue las prácticas que relatamos, sino
que directamente hubiésemos acudido al juez”. En cualquier
caso, el sindicato no dio ayer ni un paso atrás en su
denuncia, sobre la que Aróstegui, que es quien firmó el
escrito original, ha sido hoy citado en Fiscalía para
refrendarla. Además, CCOO ya ha contactado con las familias
de “algunos” de los internos para sumarlas a su iniciativa.
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