El estudio de las necesidades de la plantilla en la
Administración local –realizado por un equipo que no ha
trascendido y que proviene de diferentes áreas como
Presidencia, Recursos Humanos e Intervención– contempla una
amortización de plazas muy inferior a la que se había
especulado: de 190 a 48, pero llama la atención el gran
número de congelaciones, nada menos que 187, que se ha
decidido que se queden como están, es decir, ni destrucción
ni Oferta de Empleo Público. De hecho, el plan de
estructuralidad únicamente contempla sacar 21 plazas
correspondientes a la Oferta de Empleo Público (OEP) de
2008. ¿Qué ocurre con el resto de vacantes en la Ciudad
Autónoma hasta completar las 393 que hay? Que que no se
puede hacer nada con ellas por diferentes razones: estar
ocupadas por temporales o interinos o estar en procesos de
promoción interna.
El plan de estructuralidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta
contempla más amortizaciones que plazas a oposición por la
Oferta de Empleo Público, por lo que no parece que, según
había asegurado Francisco Márquez, consejero de Hacienda, se
vaya a disminuir drásticamente la temporalidad, más bien
paliarla ligeramente.
Así, el estudio de estructuralidad contempla la amortización
de 48 plazas, la mayoría de ellas de puestos de trabajo que
están tan obsoletos que ya ni siquiera existen esas
profesiones, tipo camillero, aya o macero; pero también se
han incluido administrativos, policías y otros con los que a
buen seguro la negociación con los sindicatos no será
sencilla.
En cuanto a los puestos que el equipo considera
estructurales, la Viceconsejería de Recursos Humanos de la
Ciudad Autónoma de Ceuta llevará, hoy mismo a la Mesa de
Negociación con las centrales sindicales, 21 plazas de la
OEP de 2008: 12 para promoción interna de funcionarios (10
administrativos, un ayudante educativo y un cartero) y 9
para personal laboral de turno libre (3 auxiliares de
clínica, 2 educadores, 2 veterinarios, un aparejador y un
técnico de medio ambiente).
Esas 21 plazas se dotarán presupuestariamente y se cubrirán
mediante la correspondiente oposición, pero el proceso
llevará un mínimo de seis meses si se fuese lo más diligente
posible.
Lo que llama más la atención del plan de estructuralidad es,
no obstante, el gran número de plazas que quedarán
congeladas: 187 nada menos, que no se dotarán
presupuestariamente pero tampoco se destruirán.
La Administración local cuenta con un total de 393 vacantes
libres –284 de personal funcionario y 109 de laborales– y
entre las plazas amortizadas, congeladas y que se cubrirán
con OEP se contabilizan 256. ¿Qué ocurre, entonces, con las
137 vacantes que restan? Simplemente que no vale hacer nada
con ellas, ya que ni se pueden amortizar ni congelar ni
cubrir indefinidamente hasta que sus titulares no finalicen
contrato, esto es, temporales e interinos que ocupan esas
plazas y que dan a la Ciudad ese tanto por ciento tan
elevado de temporalidad que se tiene y contra el que se
pretende combatir.
Asimismo, la Ciudad Autónoma cuenta ahora mismo con un buen
número de promociones internas, lo que supone que muchos
trabajadores estén ocupando dos plazas, sin que la
Administración local pueda llevar actuación alguna sobre la
de origen ni la de destino hasta que no finalice el citado
proceso.
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La Ciudad tratará de ligar la aprobación del plan de
estructuralidad al acuerdo retributivo
La Viceconsejería de Recursos
Humanos ha convocado hoy a las centrales sindicales con
representación en la Administración local para una Mesa
Negociadora en la que llevará el estudio de estructuralidad
como un apéndice más del acuerdo retributivo, algo que los
sindicatos no ven con buenos ojos. De hecho, la intención de
la Consejería de Hacienda es dotar el Fondo de Adecuación
Salarial a través, en su gran parte, de las 48
amortizaciones y las 187 plazas que no tendrán dotación
presupuestaria económica este año. Una táctica diferente a
la de los Presupuestos Generales de 2008, en los que se dotó
presupuestariamente todas esas plazas en el capítulo primero
sabiendo que estaban vacantes, con la creencia que de ese
montante se podría pagar a todos los trabajadores
temporales, para los que se consignó un euro. Sin embargo,
la temporalidad se reveló más exigente, lo que unido a las
subidas salariales que se tuvieron que aplicar a lo largo
del ejercicio anterior –cambios de grupo, por ejemplo– dio
como resultado problemas económicos que han requerido varias
modificaciones de crédito y que llevó al interventor de
Fondos de la Ciudad a advertir que peligraba incluso el pago
de las nóminas. Para los presupuestos de 2009, la masa
salarial será menor, pero Hacienda tendrá que dotar con 1,23
millones de euros el Fondo de Adecuación Salarial.
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