El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), que el año pasado
se quedó como nota discordante al ser el único que votó
contra el proyecto de Presupuestos del PP para este año,
intentará forjar con Márquez un acuerdo para que el
documento de este año sea aprobado por consenso. De la
respuesta del consejero de Hacienda dependerá si sus dos
votos en la Cámara son a favor, en contra o abstenciones.
Según adelantó ayer la portavoz socialista, Inmaculada
Ramírez, durante un receso en las “maratonianas” reuniones
de trabajo que sobre el proyecto elaborado ha mantenido
durante todo el fin de semana es su intención reclamar al
Gobierno que congele la subida del 0,03% prevista para el
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), una medida que a su
juicio “beneficiaría a todos los ceutíes en este momento
económico complicado”.
El PSOE también tiene pensado proponer a Márquez que
incremente las partidas de apoyo social a familias
monoparentales, víctimas de violencia de género y
alimentación infantil, colectivos que “van a sufrir
especialmente la crisis”, según previó Ramírez.
Los socialistas piensan secundar las iniciativas planteadas
por UDCE-IU que ya han recibido el visto bueno del Ejecutivo
sobre becas o el salario social y exigir del Gobierno de
Vivas un mayor compromiso para “incrementar las ayudas al
autoempleo y evitar la pérdida de puestos de trabajo y a los
universitarios que se desplazan a la Península a estudiar.
Sanidad y Juventud
Igualmente, se estudia reclamar el refuerzo de “ciertas
partidas” de las áreas de Sanidad y Juventud “con la premisa
de incentivar el gasto social y reducir el despilfarro”.
El Pleno acordó a finales del año pasado una “actualización”
del impuesto para elevalor progresivamente e ir
equiparándolo a las medias nacionales. Hasta entonces lo
propietarios de bienes inmuebles estaban obligados a abonar
a la Ciudad un 0,3% de su valor catastral actualizado, tasa
a la que se decidió sumar un 0,03% anualmente con el
propósito de que en diez años se llegase al 0,48%.
Además, se establecieron bonificaciones como la que permite
a las familias numerosas eludir el 90% del pago que les
corresponde y se estableció un canon de reducción en función
de la calle donde está situado el concepto por el que se
paga.
|