La nueva ronda de contactos que, como continuación a la
visita de la ministra de Vivienda a Ceuta, abrieron anteayer
en Madrid con la Gerencia de Infraestructuras de Defensa los
consejeros de Hacienda y Fomento, Francisco Márquez y Juan
Manuel Doncel, debería sustanciarse, según adelantó ayer la
portavoz del Ejecutivo local, Yolanda Bel, en “una propuesta
específica y concreta del suelo público que la ciudad
necesita para edificar viviendas protegidas”.
“Todos saben ya del contenido de la reunión”, apuntó Bel
tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en el que
se volvió a tratar el asunto desde la convicción de que “a
nadie se le escapa que no tenemos suelo y nos hace falta”.
“Este”, contextualizó ante los medios la también consejera
de Medio Ambiente, “es un problema endémico de Ceuta por su
escasa superficie que se agudiza si tenemos en cuenta que un
tercio de nuestro territorio es propiedad del Ministerio de
Defensa y otra buena parte está protegida como Lugares de
Interés Comunitario (LIC) y Zonas de Especial Protección de
Aves (ZEPA)”.
Con ese punto de partida y a la vista de que para equiparar
su ratio de viviendas por mil habitantes con el de la
península faltan cerca de 6.000; que en Emvicesa hay 4.000
demandantes de casas protegidas y que 2.000 unidades
familiares ceutíes dicen vivir “en infraviviendas y
chabolas”, Bel no dudó en señalar que el estado de
elaboración del nuevo PGOU, la coyuntura económica actual y
la política económica anticíclica de adelanto de la
inversión pública recetada “nos sitúa en un momento clave
para dar pasos en esta materia”.
Para conseguirlo la Ciudad se reunirá de inmediato con los
constructores locales al objeto de recabar sus orientaciones
y sugerencias en el diseño de esa propuesta “viable desde el
punto de vista constructivo, urbanístico y financiero” que
completará las previsiones de construir 500 viviendas en el
Brull y 1.800 en Loma Colmenar.
“Este proyecto, que persigue beneficiar sobre todo a los
ceutíes con renta media, a los jóvenes y a los que han
acreditado mayores necesidades ante los Servicios Sociales
Comunitarios”, condensó Bel al final de su intervención,
“pretende repercutir también en el empleo y coordinarse con
qué tipo de oferta formativa se implantará en la Escuela de
la Construcción”, justificó la portavoz, que no quiso
vincular “necesariamente” esta iniciativa a un III Convenio
con Defensa.
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