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La convocatoria espontánea de una concentración de
trabajadores –más bien modesta en número– ante las puertas
del Palacio Autonómico, surtió un efecto poco esperado. El
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, después de un mes
de críticas sindicales y ante la dificultad de hacer un plan
de contratación de temporales para el verano, decidió dar
marcha atrás y abrió las bolsas de trabajo que hacía
suprimido el pasado día 25 de mayo.
Pasadas las nueve de la mañana el Gobierno de la Ciudad
Autónoma pidió una reunión a la Federación de Servicios y
Administraciones Públicas de CCOO. El presidente Juan Jesús
Vivas, el vicepresidente Pedro Gordillo y el viceconsejero
de Recursos Humanos Ángel Javier Díez Nieto acordaron la
reapertura de las bolsas de trabajo si se paraba la
concentración, a la que los trabajadores acudían con unas
trescientas firmas de ciudadanos.
La Viceconsejería de Recursos Humanos de la Ciudad Autónoma
publicará en los próximos días en el BOCCE la reapertura de
todas las bolsas de trabajo que habían sido creadas en mayo
de 2005 para cubrir las necesidades de personal de carácter
temporal, las cuales afectan a unos 2.000 ciudadanos.
La razón que dio el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta
para dejar las bolsas de trabajo sin efecto fue que habían
superado con suficiencia el plazo máximo establecido para su
vigencia, eso sí, en espera de la apertura de nuevas bolsas
si las exigencias del servicio público de la ciudad lo
requierese.
Las críticas de las centrales sindicales, especialmente CCOO
–cuyos trabajadores de vieron más afectados–, no se hicieron
esperar. Los sindicatos vieron detrás de la supresión de las
bolsas de trabajo una evidencia de los problemas
presupuestarios sino la intención de colocar a la gente afín
al Gobierno.
Pero lo que más molestó a las organizaciones sindicales fue
no haber sido consultados, ya que, aunque la vigencia de
estas siete bolsas de trabajo era de dos años –plazo que se
cumplió en mayo de 2007–, el Decreto daba la posibilidad de
ampliar el plazo a la “fecha que se determine en el acuerdo
con las centrales sindicales”.
Las denuncias de los sindicatos de hasta nueve
contrataciones a través del INEM de una forma supuestamente
irregular por parte de la Ciudad Autónoma, llevó a su
presidente a tomar la decisión de frenar las operaciones a
través de la oficina de empleo, por lo que la Viceconsejería
de Recursos Humanos se vio obligada a negociar con los
sindicatos, ya que al estar cerradas las bolsas de trabajo y
no poder operar con el INEM no había forma de hacer
contrataciones de eventuales, de todo punto necesarias ante
la llegada de las vacaciones de verano.
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