La abogada y miembro de la Comisión de Extranjería del
Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria y vocal de la
Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la
Abogacía Española, Ana María Uría, manifestó ayer que “no
hay asistencia letrada a los inmigrantes víctimas del
tráfico ilegal”.
La tercera ponente de la segunda jornada explicó que “se
está trabajando en un protocolo” y se congratuló de que el
Gobierno de España esté elaborando un Plan Nacional contra
la explotación sexual y laboral y el tráfico ilegal de
inmigrantes, en el cual la Subcomisión de Extranjería del
Consejo General de la Abogacía de la que es miembro está
colaborando.
Uría destacó que es “muy importante” que esa asistencia sea
“integral” no solamente jurídica, “porque es gente con
muchas dificultades y muy vulnerables que necesitan un
fuerte apoyo para salir del círculo del tráfico de personas
y la explotación”.
La abogada cántabra indicó que “más que en una situación de
semiesclavitud, estas víctimas están en una situación de
esclavitud completa con unas coacciones terribles”.
Según Uría, el artículo 318 bis que rige los delitos de este
tipo es “incompleto”, ya que el problema asociado al
fenómeno de la inmigración “nos ha venido de golpe, porque
hace diez años no había”.
“Es un nuevo reto que hay que solucionar dando soluciones y
atajando los problemas que se presenten”, manifestó la vocal
de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la
Abogacía Española, “pero no solamente desde un punto de
vista de prevención y persecución de los delitos y las
mafias, sino también con un cuidado a la víctima sin
criminalizarla”.
Uría señaló que “el hecho de llegar ilegalmente a España
tiene que ser analizado”.
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