El 5 de febrero fue un reducido grupo de mujeres el que se
concentró delante de la puerta de la Comandancia General.
Días después, miembros del Ejército investigaron quiénes
eran sus maridos para exigir que esta situación no se
volviera a repetir. Este periódico jamás ha vuelto a saber
de ellas, pero sí ha encontrado otros relatos, otras
historias, porque la milicia en Ceuta es vida y se construye
en cada rincón: supermercados, tiendas de cosmética,
cualquier lugar contiene familiares de militares, mujeres
con trabajo que se encuentran en la disyuntiva de saber si
quedarse o acompañar a sus maridos cuando tengan que
marcharse de Ceuta.
Aquellas mujeres se anticiparon en el tiempo, como brujas, y
anunciaron un revuelo que se ha producido dos meses después.
Sus quejas, sus lamentos eran verdad. En aquella ocasión
exigieron a la Comandancia General que, como representante
de Defensa, comunicara a los soldados o suboficiales cuál
iba a ser su futuro. La Comandancia respondió que Defensa
había retrasado la decisión de enero a junio. ¿Sería porque
las elecciones estaban en el camino? También dijo este
órgano que aún no disponía de información sobre cómo
quedarían las plantillas este año y remitían nuevamente a
junio. Pero, esas mujeres eran pocas, cómo suponer que solo
eran la retaguardia de un batallón que viene detrás y que se
concentrará con casi total seguridad en el arriado de
bandera del jueves para llevar a cabo algún acto de
protesta.
¿Cómo es posible que la Delegación del Gobierno anuncie que
sólo abandonarán la ciudad 30 ó 40 mandos cuando desde otros
órganos de Defensa se contemplan números más escalofriantes
y cuando muchos de los afectados han hecho públicas cartas
de disponibilidad llegadas desde el Ministerio de Defensa?
Algunas mujeres se han ido enterando de la situación esta
semana pasada, antes de que Juan Vivas e Imbroda -presidente
de Melilla- salieran en los medios de comuniación y se lo
transmitieron por teléfono a sus maridos. Una de ellas
expuso su situación ayer para EL PUEBLO, pidiendo que se le
guardara el anonimato. “Si mi marido se va, yo no podría
irme, porque tengo mi trabajo aquí. Eso supone que no
podríamos vernos salvo en momentos ocasionales”, dijo. “Si
el traslado hubiera sido por ascenso, una ya se va haciendo
al cargo y sabe que al año puede volver a pedir destino en
Ceuta, pero ahora, no”. Además, en la península se cobra
menos dinero y obliga a trastocar tus planes de una manera
tan rápida “que no te da tiempo”. “Puede ser que el militar
o su mujer tengan padres que estén malos, hijos en edad
escolar que tengan que ir a Valencia y aprender el
valenciano...” muchas situaciones que convierten el panorama
en injusto. “Además, los militares no están recogidos en la
Constitución, porque es el único colectivo que no pueden
protestar”, aseguró. Por eso, “siempre les toca a los mismos
pagar los desaciertos económicos del estado. Las arcas están
vacías y siempre cortan por el mismo lado, por Ceuta y por
los militares”, dijo. Una persona que queda en estado de
disponibilidad ve reducido su salario casi a la mitad,
puesto que pierde todos los complementos que reciben por su
profesión “y el salario base de un militar es muy pobre”.
Esta es una de las razones por las que la cónyuge se ve
obligado a trabajar.
Otra posibilidad que barajan los afectados es el de la
congelación de los sueldos, una medida que ya tomó el Estado
hace años y que mantuvo un trienio. Los afectados están
contactando entre ellos a través de foros de internet y
correos electrónicos. Sólo queda aúnar fuerzas.
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