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Juan Vivas se olió desde su privilegiada posición en el
Salón de Plenos que llegaba una moción espinosa y, desde las
alturas, se ofreció a Yolanda Bel, la consejera encargada de
rebatir a Mohamed Ali (UDCE-IU) sus críticas a la posición
de la Ciudad con respecto a la negociación del convenio
colectivo del sector de limpieza pública, para replicarle en
su lugar, pero la consejera no aceptó y su primera respuesta
al líder de la oposición desencadenó el momento político de
más enjundia de la Sesión Plenaria de ayer.
Aunque nadie podría decir que la oposición prepara con mucho
esmero o tiempo sus mociones, UDCE-IU se tomó en serio la
que ayer presentó instando al Gobierno a estudiar “la
posibilidad de resolver el contrato con Urbaser por ser
excesivamente oneroso para la Ciudad”. Anteayer, una
delegación de alto nivel del Grupo se personó en Secretaría
General y, pese a los reparos del Gobierno, logró examinar
el contrato y el pliego de condiciones que regula la
prestación de este servicio.
Ayer, dos horas de sueño tras ser padre por segunda vez,
portátil y papeles en ristre, Ali abordó tras el receso del
Pleno a la secretaria general y al interventor de la
Asamblea, María Dolores Pastilla y José María Caminero, y
les preguntó si habían informado sobre el pago de los
incrementos salariales por encima del IPC prometido por la
Ciudad a los trabajadores de Urbaser.
Algo intuiría cuando, al terminar su primera intervención
para defender su moción, recurrió a ellos para demostrar que
el Gobierno se había tirado a la piscina con su compromiso.
Preguntados directamente, ambos dijeron no haber dicho nada
al respecto.
Fue sólo la última puya, un golpe de efecto, de una
intervención sin precedentes en la historia moderna de las
relaciones UDCE/IU-Gobierno. Ali cargó contra las
“carencias” de Urbaser en “muchas barriadas”; denunció los
“incumplimientos sistemáticos” de la empresa, a la que acusó
de “utilizar la Semana Santa para presionar a la
Administración”; y acusó al Ejecutivo de saltarse el pliego
de condiciones que regula la prestación del servicio en una
“flagrante ilegalidad” al aumentar las aportaciones a
Urbaser por encima del IPC anual.
“Nadie puede permanecer impasible cuando una empresa privada
tiene problemas con sus trabajadores y la Administración
sale a pagar las justas reivindicaciones de su plantilla; es
el colmo”, resumió Ali.
Fue entonces cuando Bel saltó a la palestra para dar sus
explicaciones. La consejera recordó que intervino en la
negociación del convenio colectivo para dar “orientaciones”
y “marcar límites” a la empresa sobre las reivindicaciones
que podría o no aceptar y terminó garantizando que la subida
salarial que asumirá la Ciudad [un 0,6% sobre el IPC este
año; un 0% en 2009; un 1% en 2010 y un 2,6% en 2011] sólo
favorecerá “a los trabajadores”.
“En 2005 hicimos lo mismo”
“Hace tres años lo hicimos igual con todos los avales
técnicos y jurídicos”, respondió Bel a Ali, a quien negó
rotundamente que el Gobierno se hubiese movido con
“ligereza” o “sin hacer consultas previas”.
“La acordada”, defendió, “es una medida prudente y justa
para unos trabajadores que están mañana, tarde y noche
ejerciendo uno de los peores trabajos posibles y a los que
se ha desmoralizado llegando a acusárseles en este Pleno de
ser unos flojos [lo hizo Palomo, pero no quiso
explicitarlo]”.
Además, la consejera reiteró que desde que ella se ha hecho
cargo de Medio Ambiente se han “intensificado” los controles
oficiales sobre las certificaciones de Urbaser y se ofreció
a aportar el montate económico detraído a la sociedad desde
el verano pasado. Sin embargo, Ali no entró a ese trapo.
A cambio, volvió sobre la carencia de sostén “jurídico o
técnico” tras la posición de la Ciudad, advirtió del
“peligroso precedente” que podría crearse “cada vez que una
empresa que tenga la concesión de un servicio público se
enfrente a un conflicto laboral a partir de ahora” y soltó
una carga de profundidad: “A lo mejor algún miembro del
Gobierno tiene interés en que Urbaser no vea mermados sus
beneficios”, deslizó tras subrayar que “los trabajadores lo
son de la compañía privada, no de la Administración” y tras
recalcar que tanto Obimace como los Planes de Empleo y las
Brigadas Verdes “hacen sistemáticamente trabajos que
corresponden a Urbaser”.
“Esto, ni en Cuba”
“Esto no pasa ni en Cuba ni en Guinea Bissau ni en una
república bananera”, completó su arenga contra el
“desaguisado de gran envergadura” en el que a su juicio se
ha metido la Ciudad.
Fue entonces cuando, ronco y todo, Vivas decidió que había
llegado su momento de intervenir, tal como le faculta a
hacer el Reglamento del Pleno. Lo hizo, además, para asumir
“toda la responsabilidad” sobre lo hecho y dicho y para
desautorizar a Ali por sus insinuaciones sobre el Ejecutivo.
“No se lo consiento porque a mí y a este Gobierno sólo nos
mueve el interés general, supremo e irrenunciable, de los
ceutíes”, proclamó el presidente. “Nosotros no nos casamos
con nadie y si no hay informes jurídicos o técnicos sobre
esta decisión es porque aún no ha habido resolución”,
justificó Vivas, que también se puso maquiavélico dejando
caer que lo que Ali quería era la huelga, algo que el
abogado rechazó con los mismos términos después.
“No mienta usted más”
“Ha pretendido usted la cuadratura del círculo: decir que
las reivindicaciones de los trabajadores son legítimas para,
si se las aceptamos, decir que está mal”, criticó Vivas, que
aseguró que la Ciudad “tiene capacidad de respuesta” para
asumir presupuestariamente un compromiso que aún debe
refrendar el Consejo de Gobierno y que el presidente
coincidió en calificar de “prudente, moderado y dirigido a
dignificar a los trabajadores”. “No mienta usted más”, le
rogó a Ali, a quien ya antes había tachado Márquez de
demagogo y de, quién sabe con qué segundas intenciones, poco
versado en materia crediticia ante los bancos.
Para cerrar el debate el portavoz de UDCE-IU insistió al
Gobierno en que “estudie al menos” la posibilidad de
municipalizar el servicio indicando que Urbaser cuesta a la
Ciudad el doble que Obimace [Vivas de recordó después que la
primera tiene el doble de personal que la segunda] y llamó
al líder del Ejecutivo a no seguir utilizando “el respaldo
legítimo que obtiene en las urnas para poner una cortina de
humo amparando cualquier asunto”. La propuesta de UDCE-IU
fue rechazada con los votos en contra del PP (18) y el único
apoyo a sus cuatro diputados del PSOE (2).
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sesión plenaria ordinaria en la
asamblea
