Por encima del hecho puntual de la investigación sobre la
actuación de los tres guardias civiles la noche de autos, el
responsable de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
para Andalucía, Ceuta y Melilla, Alberto Revuelta, denunció
ayer como “el mayor problema” en este asunto la “ausencia
absoluta de petición de responsabilidades”.
Y el abogado no se refiere sólo a los guardias civiles, ni
mucho menos, sino a quienes, por encima de ellos, les dan
las órdenes. A juicio de Revuelta, el razonamiento sirve
tanto para preguntarse “cómo es posible” que el
procedimiento “habitual” en mar abierto del Servicio
Marítimo sea pinchar los salvavidas de los inmigrantes, algo
que considera “asumir un riesgo innecesario”, como para
explicarse “por qué no se ha aclarado aún cuál es la razón
por la que el 061 tardó una hora en llegar al lugar”.
Es más, para Revuelta resulta inconcebible que él “un mero
abogado, por mucho interés o relación que tenga por el
colectivo inmigrante” fuese capaz de saber “en cinco días”
la filiación del muerto “mientras que las autoridades
ceutíes consintieron que se le enterrase como no
identificado”.
“Es la Delegación la que debe aclarar si es legal o no que
los guardias civiles intercepten a los inmigrantes en aguas
españolas o internacionales y que les arrojen de nuevo al
mar cerca de Marruecos, que se les pinchen los chalecos
salvavidas...”, señaló el letrado, quien también reclamó
“que se aclare” cuál es la vigencia y la aplicación de la
fórmula de la llamada ‘devolución inmediata’, esa que
permitía volver a poner a los inmigrantes interceptados
inmediatamente en territorio marroquí a través del perímetro
fronterizo “cuando se les encuentra en el mar”.
|