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Sin entrar en ningún cruce de acusaciones, el presidente
Vivas negó ayer que la Ciudad haya aplicado la política “de
hechos consumados” para presionar a la Delegación que
Arreciado le imputó anteayer tanto en el caso del solar del
Mercado Central como en el de la reforma de la carretera que
llega hasta el Tarajal, propiedad del Ministerio de Fomento.
Si con la primera detalló que ya se está estudiándo qué
hacer para no revocar el proyecto sin tocar la parcela de
Patrimonio del Estado, con la segunda aseguró que la obra
está “consensuada” con el Estado, a quien según fuentes de
la Ciudad se le pidió permiso formalmente hace tres meses
para acometerla y así no perder los 3 millones de fondos
europeos que se invertirían.
“No hay una autorización por escrito, pero está hablado con
el Estado desde hace tiempo”, señaló el presidente, quien
recordó que su propuesta “le pareció bien, ya que además
complementa la que tiene prevista para el tramo entre
Miramar y el centro”. Además, Vivas justificó la licitación
de la obra, que criticó Arreciado, porque “existe un plazo
para no perder la financiación comunitaria”.
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LA POSTURA
DEL ESTADO FUERZA A LA CIUDAD A MODIFICAR SU PROYECTO PARA
EL CENTRO
