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El Gobierno de la Ciudad Autónoma ha permanecido en un
segundo plano durante estos meses aunque, por otra parte, es
quizá la administración llamada a ‘mover ficha‘ para
garantizar un futuro económico próspero para Ceuta. Una
acción que, por otra parte, tendrá que ser coordinada con la
del Gobierno de la nación.
El propio equipo de Aranda apunta directamente al Gobierno
de Juan Vivas cuando advierte de que la integración de Ceuta
en la Unión Aduanera no debe ser una acción aislada, sino
coordinada con una serie de acciones dirigidas a “mitigar
posibles impactos económicos desfavorables”.
La iniciativa ha de partir de Ceuta aunque en descargo del
Gobierno autonómico, cabe recordar que es Madrid quien tiene
la capacidad de aprobar modificaciones en el IPSI y el
Régimen Económico y Fiscal.
La responsabilidad parece no estar sólo del lado del
Ejecutivo autonómico. Al menos así lo consideró el
presidente de la Ciudad, Juan Vivas, quien puso de
manifiesto que el sistema burocrático y administrativo de
las Reglas de Origen es “manifiestamente mejorable”.
El político ceutí continuó apuntando que “tanto la
Administración española como la comunitaria tendremos que
hacer un esfuerzo para que las decisiones que se tomen en
materia de autorizaciones de industrias acogidas a las
Reglas de Origen sean por una parte ágiles y por otra parte
confieran al empresario inversor la dosis de garantía y
seguridad necesaria para realizar dichas apuestas”.
Por otro lado, el delegado del Gobierno recordó el carácter
no vinculante de los estudios afirmando hace unas semanas
que los informes “no comprometen en absoluto” a ninguna de
las dos administraciones.
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presentación de las
conclusiones de los estudios
