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La Entidad Pública Empresarial del Suelo tendría solucionado
mediante adjudicación a una empresa especializada el
traslado de la chatarra y material de automóviles
depositados en los terrenos a liberalizar para la
construcción de viviendas. Pero el ‘negocio’ de la familia
Rivero cuenta además con la custodia de vehículos por
embargos judiciales o por constituir material de prueba para
los juzgados [vehículos que suelen salir a subasta en la
mayoría de las ocasiones para hacer frente a las deudas de
los propietarios]. De cualquier modo, la responsabilidad
pues de este depósito correspondería a la administración de
Justicia, es decir al Estado que no se opondría al traslado,
según Delegación del Gobierno. Sin embargo sería la Ciudad
la que tendría que acarrear con los gastos del traslado [una
vez se logre hallar una parcela] por corresponderle a ella
la tramitación del expediente administrativo de deshaucio,
el lanzamiento y la ejecución subsidiaria.
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Entidad
Pública Empresarial del Suelo
