Manuela Pérez fuma tres cajetillas de Marlboro al día y
asegura que, mientras la legislación española permitía el
uso del tabaco en centros de trabajo y en “lugares de ocio”
como restaurantes y salas de fiestas, ella tomaba mucho
cuidado con escenderse un pitillo “delante de alguien”.
“Jamás fumaba si sabía que podía molestar”, afirma Manuela,
“y muchas veces me aguantaba el tirón del vicio porque
entendía que el humo es algo poco social y dañiño incluso
para quien lo respira”.
Manuela no es la única fumadora que opina “una exclusión
total y absoluta” la legislación sobre el humo del tabaco,
que impulsó el actual Gobierno central el uno de enero del
año 2006. “Separado a dos bandos”, manifiesta Pérez
refiriéndose a esta normativa, que ha dado luz verde “a una
persecución de personas que antes ya respetaban a la gente
que le rodeaba”. Manuela considera esta ley “un fariseismo
total” puesto que, “en vez de dedicar a servicios sociales
el porcentaje que se consigue gracias a la distribución del
tabaco, el Estado lo destina a saber en qué”.
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