El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, y el presidente de la
Ciudad, Juan Jesús Vivas Lara, firmaron ayer los tres
convenio en materia de Asistencia Social, por los que se
mejora la financiación de los Menores Extranjeros No
Acompañados (MENA), se aprueba la participación del
Ejecutivo local en las funciones y servicios
correspondientes a las políticas activas de empleo, y se
apoya el desarrollo de programas de Atención Social e
IMSERSO.
A pesar de que los textos no contemplan ciertas cláusulas,
como es la revisión del IPC, el Gobierno de Ceuta terminó
rubricando los acuerdos ayer.
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, y el presidente de la
Ciudad, Juan Jesús Vivas Lara, firmaron ayer los tres
convenios por los que el Ejecutivo local participará en las
funciones y servicios correspondientes a las políticas
activas de empleo; en la realización de programas y
actividades para personas mayores en situación de
dependencia y gestión de las funciones y servicios del
IMSERSO; y en la atención a Menores Extranjeros No
Acompañados (MENA).
El encuentro institucional, que se desarrolló en la
Delegación del Gobierno, puso fin a una larga polémica, dado
el descontento de la Ciudad con diversas cláusulas no
incluidas en los textos.
El convenio sobre atención a los MENA, que es idéntico al
formalizado en años anteriores, contempla una aportación de
la Administración General del Estado de 1’7 millones de
euros. La partida presupuestaria se complementa con una
ayuda directa adicional de un millón de euros, a través del
Real Decreto 1260/2007 de 21 de septiembre, por el que se
autoriza y regula la concesión con la señalada finalidad.
Este complemento queda fijado mediante resolución de la
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración y, según
confirmó Caldera, el montante económico se liberará la
próxima semana.
A través de esta nueva financiación, el Estado aportará un
34’5 por ciento de los 7’8 millones de euros anuales que se
invierten en atender a los Menores Extranjeros No
Acompañados en Ceuta, mientras que la Ciudad sufraga el 65’5
por ciento. Así, Vivas expuso que “estamos ante una
situación financiera singular en una competencia autonómica,
pero plenamente justificada, porque creo sinceramente que,
salvo el caso de Melilla, no existe ninguna otra
administración en la que el gasto de MENA represente un 80
por ciento del total del gasto del área”.
El segundo de los convenios suscritos en el día de ayer
concede a la Ciudad una ayuda de 2 millones de euros anuales
para atender programas de Atención Social, lo que permitirá
dar estabilidad y consolidar la realización de programas que
tienen por objeto atender a las necesidades de personas con
discapacidad física, psíquica o sensorial, de los enfermos
de Alzheimer, de mayores y de otros colectivos de personas
dependientes o vulnerables.
El presidente de la Ciudad señaló que el gasto total por la
Ciudad en acción social se eleva a 14’7 millones de euros
anuales, sin incluir en este cómputo políticas activas de
Empleo, Menores, Educación, Vivienda, prestaciones
sanitarias y programas a favor de la Mujer.
El tercer convenio recoge, en el área de Empleo, la
intención de mantener para las próximas anualidades y, si
resulta posible, aumentar la financiación procedente del
Estado para programas de formación e inserción laboral.
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Finalmente, los textos rubricados con el Ministerio de
Trabajo no contemplan la revisión anual el IPC
Finalmente, la tan reclamada
revisión del IPC y la prórroga automática de los tres
convenios, no se contemplan en los textos suscritos ayer en
la Delegación del Gobierno, entre el ministro de Trabajo,
Jesús Caldera, y el presidente de la Ciudad, Juan Jesús
Vivas Lara. Según indicó éste, “por razones de índole
técnica, no ha sido posible incluir en los convenios la
cláusula de actualización monetaria de las cantidades
comprometidas”. Este asunto que, al amparo del acuerdo
suscrito con el Ministerio de Administraciones Públicas
(MAP), deberá ser resuelto en los acuerdos de esta
naturaleza a suscribir a partir del próximo ejercicio. Por
otra parte, entre las cláusulas contempladas en el convenio
para programas de Acción Social incluye la presencia, con
voz pero sin voto, de la Ciudad en la Comisión Ejecutiva
Provincial del IMSERSO, así como que el Director Territorial
del citado organismo sea nombrado y cesado por la
Administración General del Estado a propuesta del Consejo de
Gobierno autonómico.
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