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Dos años después del acuerdo plenario adoptado en 2004 por
unanimidad entre los cuatro grupos que entonces componían la
Asamblea (PP, UDCE, PSOE y PDSC), el Partido popular
presentó el año pasado cuando su único interlocutor en la
Comisión de Redacción del nuevo Estatuto era ya la portavoz
socialista, Toñi Palomo, un Proyecto de texto final con un
Preámbulo de apenas tres párrafos (nada que ver con el del
primer Anteproyecto del PP, cuyas referencias históricas
disgustaron a la oposición al eludir cualquier referencia a
la presencia árabe en la ciudad) donde se destacaba que con
dicha propuesta Ceuta perfeccionaba “su régimen de
autogobierno al que accedió en 1995” e iniciaba un proceso
de mejora de “las condiciones de vida y trabajo” de los
ceutíes “estimulando el respeto, comprensión y aprecio de la
pluralidad cultural de su población”.
Con la UDCE fuera de la Comisión por sus discrepancias
irreconducibles con el por aquel entonces presidente de la
misma, José Luis Morales, PP y PSOE tampoco fueron capaces
de cerrar un acuerdo definitivo sobre su contenido final
debido fundamentalmente a las exigencias al Estado que
contenía en materia económica y a la solicitud de un tercer
senador para la región.
En concreto, como ya reza el Estatuto de 1995, la propuesta
dejaba en manos del Estado la responsabilidad de asegurar
“la suficiencia financiera de la Comunidad Autónoma”e
incluía una Disposición Adicional (la cuarta) en la que se
exigía al Estado compensación “de manera suficiente” a Ceuta
por los gastos que origina el hecho fronterizo. Una
Disposición Transitoria (la tercera), demandaba al Gobierno
central el sostenimiento de los servicios transferidos no
totalmente financiados.
También se preveía, para disgusto socialista, incluir entre
las atribuciones de la Asamblea (art. 14) la de “designar un
Senador, de acuerdo con lo previsto en el apartado 5 del
artículo 69 de la Constitución Española”.
En cambio, no se reclamaban las competencias de Educación y
Sanidad, como sí defiende UDCE, pero sí se señalaba que “en
el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del
presente Estatuto, se crearán sendas Comisiones paritarias y
específicas entre la Administración de Estado y la Comunidad
Autónoma de Ceuta, mediante las que se garantizará la
participación directa y estable del Gobierno de Ceuta en la
gestión de los servicios de educación y de asistencia
sanitaria”.
Otras novedades incluidas en el texto eran la separación de
la figura del presidente de la Ciudad y de la Asamblea; la
posibilidad de que la Asamblea pueda interponer recursos de
inconstitucionalidad o conflictos de competencias; y el
establecimiento de “apreciar como valor singular de la
riqueza de Ceuta” el ‘dariya’, el ‘jaquetía’ [hebreo] y el
‘sindhi’ [hindú] como “objetivo básico” (art. 6) de la
Comunidad Autónoma.
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desarrollo del estatuto /
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