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Elevar el rango institucional de Ceuta al de Comunidad
Autónoma sigue siendo algo “muy relevante políticamente” y
“fundamental para ser iguales al resto de regiones de
España” pero no es “la única posibilidad” de desarrollo
estatutario que contempla el Gobierno que preside Juan
Vivas, que seguirá apostando por la reforma del texto
aprobado en 1995 aunque no incluya ese aspecto en su nuevo
articulado.
“Cambiar el rango institucional actual de Ceuta por el de
Comunidad Autónoma sería fundamental para ser iguales al
resto de Autonomía”, han reconocido en declaraciones a este
periódico fuentes de toda solvencia del Ejecutivo
autonómico, quienes calificaron ese punto de “muy relevante
políticamente”, pero explicaron que “no es la única
posibilidad existente”.
El jueves, durante su visita a los trabajos que se están
realizando en el entorno de la Puerta de Fez, el jefe del
Ejecutivo ceutí ya apuntó que poder ser Comunidad Autónoma
era el aspecto más “llamativo” del proceso de reforma
estatutaria emprendido hace tres años en el Salón de Plenos,
pero no el único o una condición sine qua non para
perseverar en la intención de trasladar a las Cortes
Generales un nuevo articulado que sirva para “mejorar la
calidad de vida y los servicios públicos que reciben los
ceutíes”.
Programa electoral
Así, haya o no cambios en el rango institucional de Ceuta,
el Gobierno de Juan Vivas tiene pensado seguir apostando por
“mejoras” en el documento vigente en la línea de las
preocupaciones recogidas en el programa electoral con el que
el PP concurrió a las elecciones del 27 de mayo, un programa
en el que existe un apartado titulado ‘Seguiremos procurando
la mejora de nuestro Régimen de Autogobierno’ en el que no
se habla ni una sola vez de la disyuntiva Ciudad-Comunidad
bajo el principio general de “promover la reforma del
Estatuto respetando el compromiso de consenso que al
respecto hemos asumido”.
“Para nosotros”, explican desde la Ciudad, “es fundamental
incorporar el valor positivo de la proximidad a la hora de
asumir mayores competencias en la gestión de determinadas
áreas como la Educación, la Sanidad, los Servicios Sociales
o las políticas activas de empleo”.
Literalmente, en el programa del PP esta prioridad se
concreta en que el Gobierno propondrá la “participación
activa” del Gobierno autonómico “en la gestión de los
servicios que en nuestra ciudad gestiona el Ingesa y el
Ministerio de Educación y Ciencia como fórmula alternativa
al traspaso de competencias”.
Otra prioridad irrenunciable será la de que el hipotético
nuevo Estatuto contemple la garantía de la “suficiencia
económica de la ciudad”. “En el texto de 1995”,
contextualizan desde el Ejecutivo del PP, “ya está recogido
este aspecto, pero no el elemento singular que en dicha
suficiencia supone la incidencia que en determinados
servicios fundamentales conlleva nuestra condición de
territorio extrapeninsular y fronterizo en el continente
africano, tanto de la Unión Europea como de España”.
“Unido a este aspecto”, han añadido, “también es fundamental
comprometer con rango estatutario la adopción de medidas de
índole fiscal y económico para contrarrestar en lo que
concierne al desarrollo económico de Ceuta las dificultades
que acarrea este hecho geográfico y fronterizo habida cuenta
de la incidencia que en nuestro marco económico y fiscal
especial tiene la globalización económica, el desarme
arancelario generalizado y la aplicación de las nuevas
tecnologías”.
Separación Asamblea-Gobierno
Por último, el tercer eje del proceso de reforma estatutaria
pasa por delimitar más claramente los papeles de la Asamblea
y del Gobierno. “Cabría la posibilidad y la conveniencia”,
han detallado desde la Ciudad, “de separar de manera más
clara en el nuevo Estatuto las funciones propias de la
Asamblea como órgano parlamentario y del Gobierno como
órgano Ejecutivo”.
En su primer borrador completo de nuevo Estatuto el PP ya
preveía la separación de las figuras del presidente del
Consejo de Gobierno y del presidente de la Asamblea. Al
Ejecutivo autonómico le atribuía “la dirección de la
política” de la región y la “potestad normativa” para
aprobar reglamentos de desarrollo de las leyes de la
Comunidad Autónoma, así como para “desarrollar los
reglamentos aprobados por la Asamblea en los casos en que
aquellas lo autoricen expresamente”.
A la Cámara le encargaba como novedades “ejercer la potestad
legislativa y reglamentaria”, así como la iniciativa
legislativa; y le encomendaba la capacidad de “interponer
recursos de inconstitucionalidad o conflictos de
competencias”; de designar un Senador y de “exigir, en su
caso, responsabilidad política al Consejo de Gobierno y a su
presidente”.
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“La aspiración de mejorar nuestro régimen de autogobierno
sigue viva”
En su discurso de investidura en
las Murallas Reales del pasado 20 de junio el presidente de
la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, resumió en un párrafo las
intenciones de su Gobierno en relación con la modificación
del régimen de autogobierno ceutí y su Estatuto de
Autonomía: “Sobre la mejora de nuestro régimen de
Autogobierno debo reiterar que tal aspiración sigue estando
viva, al igual que también está vigente nuestro compromiso
de someter cualquier reforma a la existencia de un amplio
consenso, y en particular, al acuerdo entre los dos grandes
partidos de implantación nacional”.
De acuerdo con las previsiones apuntadas por el propio Vivas
esta semana su vicepresidente y consejero de Presidencia,
Pedro Gordillo, citará a los portavoces de los Grupos
Parlamentarios de la Asamblea, integrantes de la Comisión de
Redacción del Estatuto, Mohamed Ali (UDCE-IU) e Inmaculada
Ramírez (PSOE) para “repasar” lo realizado la anterior
legislatura e intentar llegar a un acuerdo para cerrar un
nuevo texto.
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