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Tras mostrarse inicialmente críticos con el modelo
socialista el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy,
expuso el pasado mes de mayo su apuesta por una inmigración
“legal, ordenada y vinculada al empleo” regulada desde la
Adinistración General del Estado a través de “una Agencia de
Inmigración y Empleo con delegaciones en los países de
origen capaz de canalizar y agilizar la contratación de
forma regular, ordenada y en función de la demanda, y
coordine la formación de profesionales que requiera la
economía española”.
“El PP”, explicó Rajoy sobre su propuesta, “aboga por una
política de inmigración en la que sea compatible la
humanidad y la firmeza. Frente a la política poco previsora,
irresponsable e ineficaz del Gobierno de Zapatero”, comparó,
“defendemos una política de inmigración ordenada y estable
que promueva la integración basada en derechos y deberes, el
control riguroso de las fronteras, la lucha contra las
mafias que trafican con personas y la cooperación
internacional”.
En esa línea, el PP tiene previsto, en caso de llegar a la
Presidencia del Gobierno, prohibir por ley “las
regularizaciones masivas de inmigrantes”, e impulsar
“políticas que combinen solidaridad y responsabilidad,
combatiendo las mafias del tráfico de personas y asegurando
la repatriación en condiciones humanitarias”. El PP ha
criticado reiteradamente la decisión del Gobierno socialista
de impulsar un proceso extraordinario de regularización que
provocó un efecto llamada sin precedentes, fuertemente
criticado en Europa, y que ha atraído a los inmigrantes
hacia nuestro país, engañados por las mafias, con la
esperanza de lograr “papeles para todos”.
Para favorecer la integración, el PP propone programas
intensivos de aprendizaje del castellano y de las lenguas
cooficiales e insistir en la difusión del el conocimiento y
aceptación de los valores, derechos y deberes que
fundamentan nuestra convivencia constitucional, con especial
atención a los derechos de la mujer.
Los Populares también han propuesto crear Consejerías de
Inmigración que impulsen y coordinen las políticas de
integración en cada Comunidad Autónoma, así como un Consejo
de Coordinación de la Inmigración en el que participen las
distintas administraciones, los agentes sociales y las
organizaciones del ámbito de la inmigración para asegurar la
eficacia de la política.
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inmigracion y
emigración /
ley de agencias
estatales
