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El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aún no ha
establecido una fecha concreta para la entrada en
funcionamiento de la Agencia Estatal de Inmigración y
Emigración, un proyecto diseñado para centralizar “todas las
políticas vinculadas al fenómeno migratorio en un solo
organismo” incluido en la Ley de Agencias Estatales para la
mejora de los Servicios Públicos aprobada en las Cortes
Generales el 18 de julio del año pasado con el respaldo de
todos los partidos políticos excepto el PP, cuyos líderes
sin embargo han rescatado el proyecto durante los últimos
meses como una de sus promesas electorales para las próximas
elecciones generales.
A pesar de que las intenciones del Ejecutivo socialista eran
que la Agencia comenzase a funcionar durante el segundo
semestre del año en curso [así lo aseguró el ministro de
Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, el año pasado]
fuentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
explicaron ayer a este periódico que “aún no se ha fijado
una fecha concreta para su puesta en marcha”. Para ese
objetivo se hará necesario un Real Decreto a propuesta
conjunta de los Ministerios de Administraciones Públicas y
de Economía y Hacienda.
La ley que prevé su creación establece que se constituirá
“para el desarrollo y la ejecución de las competencias
estatales en materia de regulación e integración social de
los inmigrantes, así como para la programación y gestión de
las diversas actuaciones de asistencia y apoyo a los
emigrantes españoles en el extranjero”, aunque el concepto
del que nace su puesta en marcha es mucho más “ambicioso” y
afecta en realidad al concepto global de funcionamiento de
la Administración pública.
Según fuentes del PSOE regional la Ley de Agencias Estatales
es “un compromiso del Gobierno en su programa de investidura
cuyo objetivo es conseguir una gestión pública más acorde
con la dimensión de la Administración en el siglo XXI, y en
línea con los países más avanzados en materia de función
pública”.
Así, se desea que la Agencia Estatal de Inmigración esté
dotado de “un mayor nivel de autonomía y flexibilidad
respecto de las ofrecidas por la legislación vigente” y que
sirva para “reforzar la eficacia de la Administración en
cada uno de sus ámbitos de influencia”.
Más llanamente y según fuentes oficiales, la Agencia de
Inmigración sería la encargada de regular no sólo la
“inmigración ordenada” vinculada al mercado de trabajo, sino
la integración en un solo organismo de “todas las políticas
vinculadas al fenómeno migratorio.
Cinco ministerios
Así, las fuentes consultadas prevén que su dependencia
orgánica natural sería subordinada al Ministerio de Trabajo
que dirige Jesús Caldera, aunque su composición tendrá que
ser interministerial y en ella habrán de tener
representación al menos los ministerios de Interior, Asuntos
Exteriores y Cooperación, Educación y Sanidad.
Aunque aún se sabe poco sobre cómo se organizará, el
Gobierno prevé que los máximos órganos de gobierno de la
Agencia Estatal de Inmigración y Emigración sean un Consejo
Rector y presidente, mientras que un director asumiría su
responsabilidad ejecutiva a nivel nacional. Con esta
estructura el Ejecutivo socialista desea “resaltar la
importancia que se quiere dar a los mecanismos de control
que han de implementarse en las Agencias Estatales, con la
institucionalización de una Comisión de Control como órgano
especializado del Consejo Rector para asegurar el correcto
desarrollo de las funciones de la Agencia y la consecución
de los objetivos asignados”.
Además, en cada región existirán delegaciones encargadas de
ejecutar los cometidos encomendados a la agencia y se
contempla que, una vez elaborados, sus Estatutos regulen los
“términos y condiciones” para dar entrada a las
Administraciones autonómicas en ella. Las Agencias Estatales
no van, además, a ser, sin más, un nuevo tipo de Organismo
Público, sino “la fórmula organizativa hacia la que,
progresivamente, se van a reconducir aquellos existentes en
la actualidad, cuya actividad y funciones se ajusten al
concepto de Agencia Estatal”.
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