La cumbre hispanomarroquí ha despertado estos días el
espíritu de protesta de la Ciudad Autónoma. La primera
comparecencia sobre el tema la protagonizó la portavoz del
Gobierno, Yolanda Bel, quien habló de un trato
“discriminatorio” de la Administración General del Estado ya
que existía la sospecha de que otras comunidades autónomas
serían invitadas. Como ocurrió el año pasado en la Reunión
de Alto Nivel (RAN) celebrada en Rabat, el Gobierno central
sólo ha invitado a Andalucía y Canarias. El presidente de la
Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, apoyó sin concesiones las
manifestaciones de su mano derecha, el vicepresidente Pedro
Gordillo que mostró su descontento en un escrito a la
Secretaría de Estado de Emigración por la “desconsideración”
a los entes locales de Ceuta y Melilla.
La protesta encabezada por el recién nombrado director del
Área de Menores, Juan Manuel Hernández, fue más técnica y
directa: “Ceuta soporta una mayor presión migratoria que
Andalucía y Canarias en términos relativos y por lo tanto,
merece asistir a la cumbre”. La Ciudad maneja datos de 2005
en los que la tasa de menores extranjeros no acompañados por
cada 100.000 habitantes en la región andaluza es del 31 por
ciento y en la canaria del 6,65 por ciento mientras que en
Ceuta y Melilla alcanza cotas del 270 por ciento y del 505
por ciento, respectivamente.
“Nos consta que Cataluña ha puesto en marcha convenios de
repatriación de MENA con Marruecos y nosotros también
queríamos establecer esta colaboración conjunta” -continuó
Juan Manuel Hernández- “desconocemos las pretensiones del
Gobierno central en esta materia y nos hubiera gustado
asistir al menos como observador para captar la información
de primera mano”.
Actualmente Ceuta acoge a 102 menores extranjeros en los
distintos centros que posee. Melilla atiende a unos 325
menores, 250 de ellos Menores Extranjeros No Acompañados
(MENA) a pesar de que la capacidad máxima operativa de su
centro más amplio se sitúa en las 160 plazas y ahora acoge a
dos centenares “casi hacinados”, según explicó ayer a este
periódico la consejera melillense de Asuntos Sociales en
funciones, María Antonia Garbín. “Si alguien sufre la
inmigración irregular de menores son precisamente Melilla y
Ceuta, y tenemos un problema en relación a nuestra capacidad
muy superior al que pueda tener otra comunidad autónoma”, ha
señalado recientemente el portavoz del Gobierno melillense,
Daniel Conesa en Radio Nacional de España.
“Incomodidad diplomática”
Eso sí, fuentes cercanas al Gobierno ceutí reconocen que la
no invitación de las ciudades autónomas redunda en una
cuestión de “incomodidad diplomática”.
Un punto y aparte merece el retraso oficial que están
sufriendo la ampliación de los convenios de colaboración
entre la Ciudad Autónoma y el Ministerio de Administraciones
Públicas (MAP) que supondrán un aumento de un millón euros
para que las arcas municipales hagan frente a la acogida y
atención de los MENA que, precisamente, se quedan en Ceuta.
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