Tal como destacaba esta misma semana el Gobierno en una
respuesta parlamentaria por escrito sobre la eficiencia de
los acuerdos alcanzados con Marruecos frente a la
inmigración, la colaboración del país vecino ha sido,
también a juicio de las fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de
la Seguridad del Estado y de las oenegés que con más
eficacia han atendido a los subasaharianos sobre el terreno,
“clave” para llegar a la situación actual de “cierre de
hecho” de los perímetros fronterizos de las dos ciudades
autónomas [no así el Tarajal, por donde siguen entrando
inmigrantes al CETI hasta media docena al día].
“Asfixiados” por el Ejército y la Gendarmería marroquí en
los bosques que durante años les sirvieron de refugio seguro
a la espera de tener una oportunidad para entrar en
territorio español, “las detenciones forzadas” y las
“rendiciones” con la esperanza de ser repatriados diezmaron
el contingente de inmigrantes subsaharianos en Marruecos
hasta casi erradicarlos durante el año pasado. Además, los
que se quedaron recluidos en las montañas cercanas a Ceuta y
Melilla se encontraron con un “problema importante relativo
a la falta de recursos en agua y en comida”, como lo define
el presidente de la Asociación de Derechos Humanos del Rif,
Chakib Al Khayari: “Los inmigrantes contaban con la
adquisición de recursos alimentarios, con el dinero de las
limosnas o con las ayudas que recibían de los residentes y
las ONG extranjeras, pero la ausencia de estas tres medias
les generó nuevos y prácticamente insuperables problemas
para abastecerse”.
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